LIBRE EXPRESIÓN

Lo que no muestra la foto

Por: Cristina Burneo Salazar para Plan V

En la sabatina del 21 de febrero, Rafael Correa ya nos preparaba para lo que vendría a fin de mes. Se refirió al matrimonio homosexual y al aborto.

Respecto del primero, decía: “Y a nivel de minorías sexuales LGBTI: nadie ha apoyado tanto a esos grupos…hay grupos que estan contra el Gobierno porque no aceptamos el matrimono homosexual, porque contradice la Constitución y yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual…Respetando a todos, tolerando a todos, pero pongamos orden.”

Ese es el grave problema. Correa nos “tolera” si estamos a favor de la opción de abortar o si somos homosexuales. Quien tolera permite que el subordinado subsista. El tolerante es superior, tiene la verdad, permite que el diferente respire. En primera fila, Carina Vance, en cuyo trabajo aún queremos creer. ¿Su presencia también es “tolerada” por el mandatario?

El otro tema para el que se establecía antesala fue el aborto. “Estoy en contra del aborto. Respeto su punto de vista, respeten los nuestros. Actúo en función de la Constitución.” Es mucho pedir, señor presidente. Es mucho pedir que respetemos su punto de vista cuando hay niñas que mueren todos los días por abortar clandestinamente con escandalosa frecuencia tras ser violadas, gran parte de ellas, por familiares o maestros. Y sin dejar de respetar su profesión individual de fe, como la de toda persona de este país, demandamos que separe sus creencias religiosas personales de su mandato.

Y si la Constitución ecuatoriana dice que la vida humana inicia con la concepción, discutamos en torno a este punto, pero eso también es mucho pedir. Porque usted ha cancelado el debate. Usted sabe mejor que nadie que la Constitución no está escrita en piedra, entonces no es un argumento decir que está actuando en función de la Constitución cuando hay menores de edad que mueren cada día porque hay un artículo previo, ¡creado por el mismo poder! Y por tanto, debatible. ¿Y esas muertes por desprotección y estigmatización no contradicen la Constitución? ¿No se trata de ciudadanas y población desamparadas de todas las garantías que debe darles el Estado?

El 19 de febrero pasado, Ecuador presentó el informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) durante su 60ª sesión, realizada en Ginebra. Dos días antes de Correa y su prohibición de debatir el aborto, la ministra Cecilia Vaca Jones aparecía en una foto con el alto comisionado de la ONU Zeid Ra’ad Al Hussein, quien felicitaba a Ecuador por sus avances en cuanto a erradicación de violencia contra las mujeres. Vaca recibía la felicitación con una amplia sonrisa. Ese mismo día, había niñas y mujeres abortando clandestinamente en el país, con métodos atroces, que fácilmente nos desarmarían de ser descritos aquí. Ese mismo día, decenas de mujeres permanecían en cárceles ecuatorianas acusadas de haber abortado. La perversidad de los hechos simultáneos. Tras la sonrisa que la cámara congelaba en el rostro de esta funcionaria se esconden las cifras alarmantes de violencia. En ese encuentro, como lo ha descrito aquí Silvia Buendía, “la delegación del Ecuador tuvo que responder a las preguntas de los expertos en el tema, quienes reiteradamente señalaron la importancia de la despenalización de los abortos cuando el embarazo es producto de una violación. Estos expertos recalcaron que la denegación del aborto a una mujer que ha sido víctima de violación está considerado como una forma de tortura y de trato inhumano.”

A la misma cita acudió el Frente por los Derechos Sexuales y Reproductivos con otro documento: el Informe sombra al comité de la CEDAW, documento de vigilancia al Estado, herramenta política de la sociedad civil que justamente busca hacer sombra a los informes oficiales, oponer una mirada no comprometida con el poder. Este informe fue preparado con la participación de cerca de 20 colectivos de la Coalición Nacional de Organizaciones de Mujeres, y declara: “Ecuador vive un proceso de estancamiento profundo en torno a los derechos reproductivos; los marcos legales no incorporan avances respecto de leyes que al siglo 21, son retrógradas, misóginos y patriarcales como el articulado referido al aborto en el COIP vigente, pese a la recomendación explícita del Comité de la CEDAW (2012) y del Comité del PIDESC (2012) al respecto. Esta situación afecta en mayor grado a las adolescentes y mujeres más pobres, indígenas o integrantes de los diferentes pueblos y nacionalidades y a aquellas de las diversidades sexuales.” ¿Todavía cabe sonreír para la foto? Este informe es el documento de nuestra violencia, no el que provoca una felicitación, pues es incomprensible siquiera concebir que se pueda felicitar a un país que tiene mujeres presas por haber presuntamente abortado, como lo ha investigado aquí este mismo medio (incluye el informe sombra).

En la sabatina del sábado 28 de febrero, Rafael Correa justifica la reducción de salarios en el sector público y nos sorprende: “Aparece una nueva necesidad: luchar contra la mortalidad materna. Vimos que se nos había estancado la reducción de la mortalidad materna. Renovamos esfuerzos. El Ministerio de Salud nos pidió presupuesto para 1.200 medicos nuevos para este fin. Solo se asignaron 20 millones, pero se necesitaban 41”. Así, nos vamos imaginando lo que viene: la joya de la corona que sustituirá ENIPLA. Pero primero, el mandatario anuncia que el incremento de presupuesto para este Ministerio salvará vidas: “Ojalá se hubiera incrementado el gasto corriente para evitar la muerte de nuestras madres”. Sin duda, señor presidente, utilizar la nueva campaña de reducción de mortalidad materna para mover dineros del Estado los hace lucir muy bien. Pero para “evitar la muerte de nuestras madres”, lo primero es no dejar que se mueran por abortar. Con el dinero, la sensibilidad y la capacidad de gobernar en el siglo 21 son igual de necesarias. Para evitar que nuestras madres se mueran, primero hay que educar para que sean madres cuando quieran, no cuando la violencia social les imponga la maternidad, si no la eligen. Para “evitar la muerte de nuestras madres”, hay que intentar que dichas madres no sean niñas de 12 años.

Entre le felicitación a Ecuador de la ONU y la frase de Correa, miles de niñas muertas o rotas física y moralmente por haber abortado; por haber dado a luz antes de los 14 años; y vivas, niñas madres a quienes ni la Pediatría ni la Ginecología ni la Iglesia ni el Estado les ofrecen respuestas dignas. Llega el momento de anunciar el plan nacional que sustituirá a ENIPLA (análisis exhaustivo de la transición hecho por Natalia Sierra aquí), cuyas siglas son un misterio para Correa y para Mónica Hernández, responsable de políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Ambos olvidan, sobre todo, la tercera letra de las siglas: Intersectorial. Era una estrategia que abarcaba el modelo económico, la educación y la salud pública para hablar del embarazo adolescente, la salud sexual y la libertad para elegir cómo practicar la sexualidad. El nuevo plan se llamará Plan Familia Ecuador. Ya no se piensa intersectorialmente, pero una nueva tríada nos va a salvar: familia, afectividad y valores.

“Se cometieron grandes excesos que me molestan porque que van contra la Constitución, las políticas del Gobierno y contra órdenes expresas del presidente”, dice Correa respecto de ENIPLA, y repite muchas veces: ENIPLA decía que hay que ir directo al centro de salud para informarse sobre sexualidad, sin hablar con la familia primero. “Equivocado, señores. La base de la sociedad es la familia. Los jóvenes primero debían hablar con sus padres, consultar. Mensaje terrible. No estaré de acuerdo. Mientras yo sea presidente ese no será el enfoque para nuestros jóvenes.” Lo difícil es hablar primero con los padres si es el padre quien abusa de su hija, muchas veces con el encubrimiento de la madre, por ejemplo. Ese escenario de desamparo de miles de niñas y jóvenes ecuatorianas no se nombra, no aparece, no se menciona ni por parte de Cecilia Vaca en el nuevo plan de disminución de la mortalidad materna, ni Correa lo considera ni Hernández siquiera lo conoce, al parecer. Al anunciar los objetivos de su plan, una de las premisas más consistentes de Hernández es, por ejemplo: “Rescatar el rol de la familia como base de la sociedad…inculcar valores humanos. Que vivan la afectividad y sexualidad… El rato que uno le quiere a su hijito y tiene un hogar donde se siente feliz, ahí le estamos formando.” ¿En qué país viven? ¿Cuáles valores? ¿Los suyos particulares, señora Hernández?

No admitir que hay una situación de violencia social alarmante en cuanto a estos temas, ignorar las cifras que relacionan embarazo adolescente, violación y aborto, implica orquestar una manipulación moralizante y gravemente limitada de estos temas. Constituye una omisión inaceptable que no se hable de uno de los problemas más graves de este país, de la muerte de una parte de la población por algo que no quieren nombrar siquiera. La coincidencia entre el informe gubernamental presentado en Ginebra y felicitado; el plan de disminución de mortalidad materna y el Plan Familia en tan solo dos semanas, echa tierra sobre el tema del aborto, el embarazo adolescente y la violencia. ¿En dónde están estos escenarios? ¿Por qué nadie los menciona en estos contextos? Ese silencio es aterrador.

Por último, dirá el mandatario, el hedonismo es vacío, no es la verdadera felicidad. Antes, la sexualidad se vinculaba al placer, ahora, dependerá de los valores. En una entrevista radial a Andrés Carrión el lunes 2 de marzo, Natalia Sierra intepreta esta intención: controlar la sexualidad de cada uno de los habitantes de este país, decidir desde el Estado que el placer debe ser controlado, es controlar el impulso vital de cada una de nosotras y de cada uno de nosotros. Condenar el “hedonismo” es estigmatizar las ganas de vivir; perseguir lo que no puede controlarse; la capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida privada. En efecto, querer controlar el cuerpo de adolescentes, población, es querer controlar su deseo, y eso no le corresponde al Estado.

En una nación del siglo 21, el papel del Estado consiste en garantizar las elecciones libres e informadas de su población, ofrecer garantías para el libre ejercicio de la sexualidad, que no estará ligada, y es gravísimo tener que aclararlo en el 2015, a la reproducción y al afecto únicamente. Y para que eso suceda, el Estado tendrá que garantizar que la niñez y la juventud se desarrollen en un entorno laico, respetuoso de la diferencia, promotor de la autonomía y no de la obediencia ciega. Este Estado debe proteger la libre formación de la familia diversa en todos los aspectos; biológica, adoptiva o mixta; homosexual, heterosexual, bisexual o transexual; atea, religiosa o de cualquier profesión de fe o de filosofía; con o sin hijos; con o sin hijos de uniones previas; con o sin animales adoptados como parte de la familia; con o sin familia ampliada; con una sola madre, un solo padre; con una sola o varias lenguas; con miembros con capacidades diversas o discapacidades. Esas son las familias del siglo 21. Y todos y cada uno de sus miembros tienen derecho a un libre ejercicio de la sexualidad, enmarcado en una conciencia de profundo respeto por el cuerpo y la presencia del otro.

Pero claro, eso es mucho pedir. La única opción que nos dio el mandatario en la sabatina fue elegir otro camino en el 2017. Mientras tanto, la interminable agonía de las mujeres en prisión y de las niñas vulneradas. Y con ellas, nuestra resistencia hasta que todo esto haya terminado.

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