¿Por qué los jubilados deben pagar las culpas del gobierno?
El Gobierno de Rafael Correa recibió en sus 8 años más ingresos por petróleo que los que recibieron todos los gobiernos juntos desde que se empezó a explotar el petróleo de la Amazonía, es decir desde 1972 al 2006. Sumados otros ingresos, como los de los impuestos – también los más altos de la historia- hablamos de que el Gobierno dispuso de 220 mil millones de dólares. Sin embargo, el despilfarro de estos recursos ha sido tal que, ahora que el precio del petróleo cayó a menos de la mitad, el régimen está desesperado por obtener más recursos y por recortar gastos. No todos los gastos por cierto, ya que no parece tener ninguna intención en disminuir el tamaño del aparato burocrático del Estado, al cual ingresaron más de 150.000 nuevos empleados durante el actual período gubernamental. Tampoco pretende recortar los ingentes gastos en una propaganda agobiante, incluidas las infaltables sabatinas, ya que le sirvenpara mantener el apoyo al régimen de buena parte de la población.
El Gobierno de Correa, argumentando que el IESS tendría un superávit de 7.000 millones de dólares, no ha tenido empacho en enviar a la Asamblea una ley que recorta el aporte estatal del 40 % para el fondo de jubilaciones del IESS, lo cual es inconstitucional pero eso no importa porque la Corte Constitucional, alineada con el régimen, no va a cuestionarla.
La Asamblea Nacional, de mayoría gobiernista, por supuesto aprobó la ley como absolutamente todas las enviadas por el Ejecutivo. Eso sí, los aliados de Avanza no votaron a favor, marcando una separación con el Gobierno, incluyendo la renuncia de Ramiro González al Ministerio de Finanzas. Esta maniobra parece ser más un cálculo electoral a futuro que un sincero desacuerdo con la ley. Diecinueve asambleístas de Alianza País enviaron a sus suplentes a la votación en un vano intento por salvar apariencias.
Esta ley es muy peligrosa porque elimina los fondos que permitían que las pensiones de los jubilados estuvieran garantizadas, al menos por algunos años. El gobierno está poniendo en riesgo los medios de subsistencia de cientos de miles y, a futuro, de millones de compatriotas, que ya están jubilados o que los estarán en los años por venir.
El gobierno debe entender que el IESS es una institución pública que pertenece a los afiliados, no es una institución estatal. ¿Por qué los jubilados deberían renunciar a sus derechos y pagar las culpas de un gobierno que despilfarró los enormes recursos que tuvo a su disposición en la época de vacas gordas y qué ahora, en su desesperación de recortar gastos, se desentiende de su responsabilidad social y toma una medida tan reprochable?