A la comunidad ecuatoriana e internacional

Comunidad ecuatoriana que busca proteger los derechos de las personas

Quito, a 05 de junio de 2015
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el instrumento regional más importante de la materia. En ella se regulan dos instituciones para la protección de los derechos de los individuos en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las dos son pilares fundamentales, sin las cuales el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) no habría podido consolidarse como el único y más importante sistema regional para la protección de los derechos fundamentales.
El Presidente Rafael Correa ha adoptado una posición crítica contra el SIDH, a quien ha calificado de reflejar “el nuevo imperialismo”, entre otras cosas. Estas posiciones lo han llevado formalmente a proponer cambios al sistema que ponen en riesgo su eficacia e independencia, incluso ha llegado a proponer reemplazar el SIDH por un sistema nuevo.
Quienes defendemos, enseñamos y estudiamos los derechos humanos en Ecuador, hemos rechazado constantemente el intento de debilitar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que ha servido a la región en general, pero también en el Ecuador particularmente, como garante de la protección de los derechos humanos. Los casos de violación de derechos de Consuelo Benavides, de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, el caso Sarayaku, entre otros, son claros ejemplos de cómo el sistema ha funcionado para proteger los derechos de los más vulnerables en el Ecuador. La Comisión Interamericana ha intervenido para otorgar medidas cautelares, con el fin de evitar o parar la violación de derechos en Ecuador, funcionarios del actual gobierno fueron beneficiarios también, en su momento, de la protección dada por estas medidas.
Es por esto que recibimos con profunda preocupación, la candidatura propuesta por el gobierno ecuatoriano para ocupar el cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rechazamos que se pretenda nombrar al Dr. Patricio Pazmiño, actual Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, como juez del más alto tribunal de protección de derechos en la región interamericana.
Estamos convencidos que el candidato no cumple con lo establecido en el Art. 52 de la Convención cuando establece que los jueces deberán ser seleccionados “…entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos…”. Su trabajo realizado en la Corte Constitucional no refleja los estándares exigidos en la Convención, ni la independencia necesaria por parte del candidato ecuatoriano. Los fallos obsecuentes frente a las posiciones gubernamentales en casos como el de la Ley de Comunicación; el dictamen frente a las reformas constitucionales que, entre otras cosas, pretende instituir la reelección indefinida, y que la Corte determinó se las realice mediante enmiendas; los dictámenes que obstaculizan la celebración de consultas populares; son ejemplos de su falta de independencia. Casos que nunca fueron debidamente investigados como por ejemplo, el presunto cohecho en la Corte Constitucional para resolver en el caso de utilidades de los trabajadores de la Cervecería Nacional, cuestionan el cumplimiento del candidato ecuatoriano de los requisitos planteados en la convención.
Solicitamos, como juristas, abogados, docentes y estudiosos de la materia en Ecuador, que los países miembros del SIDH al momento de seleccionar a los nuevos jueces, descarten la candidatura del candidato ecuatoriano por no cumplir con los requisitos necesarios para ejercer tan alta magistratura.
Nos preocupa que la conformación de órganos que deberían ser integrados por técnicos independientes, responda a las agendas políticas de los Estados. El SIDH es la última línea de defensa de los derechos humanos en el continente, así lo ha demostrado condenando a estados de toda tendencia política. Debilitar el SIDH con este tipo de actuaciones disminuye la vigilancia internacional a los estados y la posibilidad de protección y reparación de las personas y los pueblos de América.