Uso y abuso de fondos
Por: Santiago Argüello Mejía
Nuestro punto de mira es que los derechos humanos existen para la realización de los seres humanos. Desde alguna perspectiva el cumplimiento de esos derechos consignados en la Constitución y en las leyes requieren su priorización, lo que ha dejado en alto la necesidad de que el Estado existe para el cumplimiento de nuestros derechos, para “garantizar sin discriminación su efectivo goce”.
Y lo que nos preocupa a todos y todas es que para el cumplimiento de los derechos hacen falta recursos –“kullki” diría mi amiga Wary–, desde la política de Estado se diría que es indispensable inversión social y en ello hemos insistido permanentemente.
Por ello es que no nos conformamos con los estereotipos que se crean: los peores delincuentes son los que arranchan en las calles; pero no se repara en que el delito de más daño social, aquél que agrede al mayor número de personas es el abuso de fondos públicos o PECULADO. Si no ¿cuánto daño produce quien se come un hospital o un camino vecinal?; ¿cuánto daño aquél que usa en su provecho fondos que habrían sido destinados al desayuno escolar o a los útiles para que estudien nuestros niños?
Hay firmeza en la norma penal con sanciones que van de diez a trece años de privación de libertad e incapacitación de por vida para ejercer cargo público. Con un despliegue de casos que deben ser entendidos como peculado en el sistema financiero nacional. Lo preocupante es que para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad –valga decir un elemento previo al juzgamiento– un informe de Contraloría que establezca indicios de responsabilidad penal.
El obstáculo puesto en el camino de la realización de la justicia pone al país en manos de la Contraloría y de su agenda de trabajo, por lo que el órgano establecido en la Constitución para dirigir la investigación antes y en el proceso penal, que es la Fiscalía General del Estado, ve cercenadas sus funciones y no actúa por muchas evidencias que tenga en mano o por la denuncia eficaz de un ciudadano. La justicia sacrificada en el altar de la Ley. Regio para quienes usan y abusan de fondos públicos, cuyo juzgamiento podría realizarse tarde y nunca.