Trata de personas en Chimborazo
Por:Elisa Martínez, PRODH Chimborazo
Carlos Martínez Moreno, coordinador de la Fundación AMAUTA, al referirse a la situación de la trata de personas en la provincia de Chimborazo señala que “la violación de los derechos humanos en los sectores rurales de la provincia es oculta, a pesar de tener evidencias sobre los problemas de trata de personas en la provincia. Por este motivo es importante buscar la aplicación de políticas públicas encaminadas, por ejemplo, a procesos educativos con todos los actores de las comunidades, principalmente de los cantones Colta, Guamote, Alausí e inclusive Payatanga”.
Al referirse a las alternativas para la trata, Martínez señala que “habría que hacer algunos ensayos de tal forma que nos permitan ir identificando, investigando y en alguna medida erradicando este tema que es tan complicado en la provincia de Chimborazo”.
El mecanismo que se utiliza para abordar a la gente e involucrarla en la trata de personas es el negociado, el argumento de la pobreza en las familias provoca que alquilen, presten, cedan a sus hijos para que los lleven tanto dentro como fuera del país.
El coordinador de la Fundación AMAUTA añade que “en esta situación, la primera violación de derechos es que los hijos no son consultados, la segunda es que les retiran del entorno de sus familias, y luego está el hecho de que el hijo es un negocio. En el supuesto de que se lleve al hijo a vivir con una familia que tiene posibilidades económicas importantes, existe la idea de que les van a pagar bien, lo cual no sucede y son explotados laboralmente”.
El fenómeno de la trata de personas en la provincia de Chimborazo está relacionado con la explotación laboral para la servidumbre y para la mendicidad.
En la provincia se realizan permanentemente actividades cíclicas para frenar la trata, pero deberían ser actividades sostenibles. “Las actividades cíclicas se realizan en las épocas de carnaval, pero sabemos que ahora los tratantes están interviniendo permanentemente en todas las comunidades, entonces es una actividad que está vigente en todas las épocas del año”.
Actualmente se están articulando algunas actividades con la DINAPEN, con los Consejos de la Niñez de los cantones Colta y Guamote. “También hay políticas públicas pero lamentablemente no están dentro de las agendas de los alcaldes y de otras autoridades. Habría que ir incidiendo en el cambio de actitudes. Quizás es el desconocer los derechos que no les permite brindar apoyo dentro de estos procesos”.
Finaliza Martínez señalando que “aquí deberemos trabajar con diferentes actores sociales. En los cabildos por ejemplo, debería la gente ser más sensible en denunciar cuando desaparece una niña de su comunidad. Todo esto lo deben hacer los tenientes políticos, las juntas parroquiales y los gobiernos cantonales. Estas autoridades deberían aunar esfuerzos y empezar a trabajar una propuesta de conocimiento de derechos, y en este sentido multiplicar este conocimiento para que la familia sepa a qué atenerse en el caso de que alquile, preste o ceda a sus hijos, entonces conociendo los derechos podemos también exigir su cumplimiento”.