Fiesta de los derechos… sin nada que festejar
El 10 de diciembre se conmemora el Día Universal de los Derechos Humanos y en Ecuador, luego de casi 9 años de “revolución ciudadana”, se evidencia un retroceso en la vigencia de los derechos.
Cuando las condiciones económicas se ponen especialmente difíciles, los derechos de las personas corren mayor riesgo de ser vulnerados. Es que los derechos no pueden dividirse, para que uno se cumpla es necesaria la vigencia de los otros derechos. En el caso ecuatoriano, el fin de la bonanza económica y la llegada de la época de las vacas flacas, ha venido acompañada de una serie de violaciones a los derechos. Los altos precios del petróleo permitieron al gobierno un enorme despilfarro de dinero durante varios años, pero la caída de dichos precios hicieron que, por no haber ahorrado y ante la imperiosa necesidad de recursos y de disminuir gastos, recurriera a medidas impopulares como las salvaguardias, la confiscación de fondos previsionales privados, la eliminación del aporte del Estado al IESS y los probables impuestos a la herencia y a la plusvalía.
Claro que la gota que derramó el vaso fue la aprobación de las mal llamadas enmiendas constitucionales, que entre otras cosas permiten la reelección indefinida, lo cual es completamente contrario al principio de la democracia. El derecho a la comunicación, en manos de los asambleístas que aprobaron el paquete de enmiendas se transformó en un servicio público, perdiendo su categoría de derecho y quedando a merced de la discrecionalidad del poder de turno. La cereza que adorna el pastel es la eliminación del derecho a la contratación colectiva, a la sindicalización y a la huelga de los trabajadores del sector público. Retroceso histórico que elimina de un plumazo logros alcanzados en largos años de luchas populares.
Este escenario ha exacerbado los ánimos del pueblo organizado o no: ciudadanos de a pie, estudiantes, gremios y organizaciones del campo y de la ciudad se han manifestado en calles y plazas de distintos rincones del país. La respuesta al legítimo derecho de manifestar la inconformidad ha sido violenta, el uso desproporcionado de la fuerza es la tónica, acompañado de la criminalización de la protesta social, la violación al debido proceso y al derecho a la defensa.
En Ecuador se ha legitimado el uso de la violencia como política de estado, dan cuenta de ello las reacciones desproporcionadas de la fuerza pública en casos documentados de desalojos forzosos a pobladores en la ciudad de Guayaquil o Quimsacocha, en allanamientos a domicilios en Saraguro, torturas y malos tratos a dirigentes populares y ciudadanos comunes en las inmediaciones del colegio Montufar en Quito y en los distintos escenarios en los que la población civil manifiesta su inconformidad o resistencia.
Las violaciones a los derechos individuales y colectivos de la población no cuentan con garantías para su juzgamiento cuando la imparcialidad de la justicia se encuentra altamente cuestionada en el país.
La Constitución de Montecristi propugnaba la progresividad de los derechos, pero luego de siete años de su promulgación el gobierno se encarga de que en su articulado y en la vida diaria de los ecuatorianos, cada vez los derechos sean menos.