EDITORIAL

Soldados en las calles

PRODH

La Constitución del Ecuador fue “enmendada” nuevamente, el proceso para modificar nuestra norma suprema fue muy semejante a realizar un envío por un courierexpress, se metieron toda clase de cosas en un paquete: los derechos laborales, comunicación, salud, educación, los derechos políticos, la seguridad, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y quizá de lo que más hemos escuchado, la reelección indefinida, todo esto seguido de un largo etcétera.

El envío del paquete duró dos días, en efecto, la discusión y aprobación de reformas de tan importantes y variadas temáticas ¡duró apenas dos días! En ese reducido tiempo, aquella norma suprema que al momento de su aprobación fue vendida al mundo como una obra maestra de avanzada, humanista, garantista e incluyente, cuya permanencia superaría los cien años, fue sustancialmente modificada, y es que en ocasiones basta aumentar un par de palabras para cambiar la esencia de las cosas, el fondo de una idea y un proyecto.

Una de estas reformas medulares de las que poco se ha hablado es la referente a las nuevas facultades, competencias, o si usted prefiere, poderes de las Fuerzas Armadas. El artículo 158 de la Constitución decía: “las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial”, a lo que se le agregó: “y complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”.

Esta pequeña adición de palabras en algunos casos no hace sino consagrar un hecho antes inconstitucional, ratificar lo que fuese un secreto a viva voz, y es que desde hace un buen tiempo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas combaten conjuntamente delitos como el narcotráfico y el tráfico ilegal de hidrocarburos. Lo que ocurre ahora, señores y señoras, es que las Fuerzas Armadas también podrán combatirlo a usted en la cercanía de su hogar o lugar de trabajo.

En efecto, antes de la “enmienda” las Fuerzas Armadas únicamente podrían estar en las calles en el contexto de un estado de excepción, es decir en casos puntuales de guerra, conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, ahora lo estarán siempre que el Gobierno los requiera, ya sea para detener a una banda de peligrosos delincuentes o para sofocar las manifestaciones en su contra, que a la vista del poder de turno parecía ser exactamente lo mismo.
El mensaje es claro, la siguiente ocasión que salga a las calles a protestar contra unas medidas que usted crea afectan sus derechos, mejor piénselo dos veces, pues ante usted ya no solo encontrará a la Policía Nacional, sino también a los soldados de las honorables Fuerzas Armadas ecuatorianas, aquellos funcionarios públicos instruidos para combatir en conflictos armados, preparados para combatir y eliminar al enemigo en lugar de disuadirlo, conocedores del uso de estrategias, tácticas y armas que solo se usan en caso de guerra, ellos ahora estarán frente a usted.

Y es que a entender de ciertos asambleístas nos encontramos librando una guerra contra un enemigo interno con rostro de opositor político, al igual que en los años setenta y ochenta en toda nuestra América. Al parecer el tiempo es cíclico y no aprendemos nada, ni de nuestros vecinos y ni de nosotros mismos.

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