¿Supremacía del ser humano sobre el capital?

El trillado discurso presidencial que asegura que en Ecuador se privilegia al ser humano sobre el capital suena hueco a los oídos de las once familias que en Tundayme, de la noche a la mañana, se quedaron sin hogar durante el último mes del año que terminó.

El 16 de diciembre pasado, once familias fueron desalojadas por la policía y por guardias de una compañía de seguridad contratada por la empresa minera china Ecuacorriente. Sus viviendas, ubicadas en el barrio San Marcos, de la parroquia de Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora-Chinchipe, fueron destruidas. Se trata de colonos e indígenas shuar que vivían desde hace mucho tiempo en la zona.

Este hecho se suma a otro desalojo de 16 familias en esta misma zona, ocurrido en septiembre del año pasado, y a la destrucción de la escuela y de la iglesia de la comunidad en mayo del 2014, llevada a cabo por personal de la transnacional china.

Al igual que en el desalojo anterior, este último ocurre de manera ilegal e ilegítima, porque a los comuneros no se les permitió ejercer sus derechos ni recursos legales. Los jueces de Zamora y Loja tampoco se pronunciaron respecto a las acciones de protección y medidas cautelares que se pidieron luego del primer desalojo.

Sin previo aviso, las fuerzas del orden sacaron de sus viviendas a los afectados, y con el uso de maquinaria pesada se procedió a destruir las viviendas, matando incluso a animales como pollos y cerdos, necesarios para la subsistencia de sus dueños. Sus pertenencias fueron colocadas en camiones sin que se les haya informado a los desalojados dónde o cómo reclamarlas.

El Subsecretario Zonal de Minería de la Zona Sur, Jalil Borrero, indicó en cambio que el operativo para dar cumplimiento a las servidumbres para entregar los terrenos a la empresa minera china Ecuacorriente se dieron de forma ordenada, pacífica y dentro del marco de la ley y que los afectados fueron relocalizados.

Varios comuneros no han recibido ni un centavo de indemnización y otros solo ínfimos pagos bajo presiones y chantajes. Sin embargo, el gobierno aseguró haber pagado 400 mil dólares en indemnizaciones. Los habitantes de San Marcos tampoco fueron relocalizados, de lo que da cuenta el testimonio de una religiosa española que trabaja en la zona, quien relató que algunas familias desalojadas y cuyas viviendas fueron destruidas, están viviendo en casas de familiares, otras dos familias se alojan en la vivienda de una escuela de la zona, la que fue cedida por el profesor que la ocupaba, y una anciana indígena shuar se refugia en una construcción muy precaria que sólo tiene techo pero no paredes. Otras familias están pagando arriendo en poblaciones cercanas.

El barrio de San Marcos, ahora deshabitado, queda a corta distancia de la comunidad shuar de Yanúa, donde vivía José Tendetza, dirigente asesinado el 2014 –según señala su familia- por su liderazgo minero en defensa de los derechos humanos ante la compañía Ecuacorriente.

En vista de que los jueces locales se someten a las directrices de la empresa minera y a la presión del gobierno, el caso será presentando en instancias internacionales de justicia.

Detrás de las vallas publicitarias del gobierno de la Revolución Ciudadana que indican que “la minería mejora tu comunidad”, las familias de San Marcos y la de José Tendetza claman justicia.