EDITORIAL

Terrenos de la discordia

 

En el 2010, el ISSFA vendió terrenos al Ministerio del Ambiente por un precio, fijado de mutuo acuerdo en 48 millones de dólares en base al avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, para la construcción de un megaparque en Guayaquil. En esa época de nuevo rico, el gobierno quería rápido el parque y no puso ninguna objeción al precio, le sobraba la plata.
La iniciativa de la compra fue del gobierno, quien presionó para que le ISSFA vendiera dichos terrenos. Estas propiedades fueros adquiridas por el ISSFA en 18 millones de dólares, en 1998. Hoy, en 2016 y en plena época de vacas flacas, el gobierno dice que esos terrenos solo valen 7 millones, el valor del avalúo municipal, es decir menos de la mitad del precio en que fueron adquiridos hace 18 años. Por tanto, para el Presidente y sus ministros hay un sobreprecio de 41 millones y esos fondos serán recortados de los fondos que el gobierno adeuda al ISSFA, sin que medie decisión judicial alguna. Esto demuestra, una vez más, lo desesperado que está el gobierno por obtener fondos a toda costa, o por dejar de pagarlos.
Al gobierno no le ha importado ganarse el rechazo de un grupo cada vez mayor de víctimas de todo tipo de atropellos, como los pensionistas del IESS al que dejó de pagar el aporte del 40% de las pensiones jubilares, los miembros del fondo de cesantía del magisterio cuyo control fue entregado al BIESS, y ahora a los militares retirados. La cúpula de la Fuerzas Armadas se pronunció en contra del atropello, acto seguido, Correa no tuvo empacho en descabezar dicha cúpula -para quien los militares solo deben obedecer, no opinar y menos aún quejarse- y nombrar a otra.
Según el inefable Alexis Mera, la entonces Ministra del Ambiente que firmó el contrato, Marcela Aguiñaga, cometió un error de” buena fe”, aunque como sabemos en contratación pública no existen errores de buena fe. Si el supuesto “error” existiera, sería causal para enjuiciar a la exministra por peculado. Por otra parte, el avalúo municipal solo se utiliza en caso de expropiaciones por haber sido declarado de utilidad pública un bien inmueble, y este no fue el caso.
El gobierno se salta la ley cuando le parece y la tuerce a su conveniencia, empleando todo tipo de leguleyadas. Total, la función judicial también está en su lado de la cancha, y cada vez son más quienes padecen sus atropellos. En un estado de derecho, en una sociedad democrática son las leyes y los estamentos judiciales quienes tienen la palabra a la hora de dilucidar diferencias, pero en nuestro país el respeto al debido proceso quedó para la historia.

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