EDITORIAL

La naranja de la discordia

Por estos días la noticia sobre el aumento de la venta callejera de jugos de naranja en Quito ocupó las primeras planas de varios diarios y de otros medios de comunicación. Se empezó forzosamente con ello a promover un debate pendiente sobre el derecho al trabajo de las personas económicamente vulnerables y el eventual riesgo que la informalidad suponía para la salud de los consumidores.

Es cierto que hay además otros valores en conflicto, como la preservación del espacio público – que es un espacio de todos, pero no es menos cierto que el debate no podía, ni debía zanjarse con los argumentos tradicionales y con las acciones de siempre: la criminalización, los desalojos, la violencia entre la policía y las personas de a pie, los políticos echando culpas a los sospechosos de siempre, la pobreza escondida bajo el tapete, etc.

Gratamente en estos días, la respuesta de las autoridades ha sido de una mayor apertura al diálogo. De momento, indican los medios de comunicación, se hizo un censo de alrededor de 400 personas que realizan esta actividad, y supondríamos, mejor dicho “esperaríamos” que sean capacitadas por el municipio y que su actividad será regularizada en consecuencia.

Así como hay que estar vigilantes de los pasos dados en el sentido incorrecto, se debe reconocer cuando se empieza a caminar por el sendero correcto. Medidas como esta suponen que se está comenzando a dejar de esconder los problemas de desempleo y pobreza urbana, y se están dando los primeros pasos para poner el tema de los derechos en algunas mesas políticas.

Lo que queda claro es que los ciudadanos quiteños debemos estar vigilantes ante una iniciativa de solución municipal que debería ser coherente y sensible con los derechos de todas las personas y evitar en todo momento la criminalización. Recordemos que esos trabajadores se encuentran en las calles no porque lo quieran, sino porque se han visto forzados a esa situación por la grave crisis económica y la falta de trabajo formal.

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