EDITORIAL

Condena infame: caso Saraguro

Dos indígenas de Saraguro fueron sentenciados por un juez de Loja a 4 años de prisión. Su delito: supuestamente interrumpir servicios públicos. En el marco la jornada de manifestaciones antigubernamentales que empezaron el 15 de agosto del año anterior, Luisa Lozano y Amable Angamarca, al igual que miles de compatriotas en todo el país, habían salido a demostrar su rechazo al gobierno de Correa.

Luisa protestaba porque este gobierno no respeta el derecho a la educación bilingüe para los indígenas, por el cierre de las guarderías comunitarias, porque quiere imponer leyes que afectan el acceso al agua para las comunidades campesinas, se manifestaba porque rechaza el autoritarismo y la arbitrariedad del poder.

El 17 de agosto, los manifestantes que se habían tomado la carretera fueron reprimidos brutalmente por policías y militares, siguiendo la orden de Correa de abrir la vía con el uso indiscriminado de la fuerza. La policía usó abundante gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersar a los manifestantes, y además se dedicaron a golpearon a las personas que se manifestaban con toletes, patadas y puñetazos, acompañados de insultos racistas.

La represión produjo varios heridos y afectó particularmente a las mujeres, incluida una mujer embarazada que estaba siendo arrastrada por los policías. Luisa intentó impedir el maltrato a su compañera, a quien reconoció como su vecina. Por eso fue detenida y vio como seguía el maltrato a las mujeres a quienes, además de ser golpeadas, les destrozaron la ropa, incluyendo la interior. Otra de sus vecinas perdió un diente a causa de un golpe. Mientras era trasladada junto con otros detenidos a Loja, siguió el maltrato dentro del bus. Manuel Poma perdió varias piezas dentales y sufrió la fractura de la mandíbula, lo bajaron del bus y lo abandonaron el la vía. Luisa también fue golpeada y cojeaba. Como consecuencia hasta ahora sigue padeciendo de neuritis.

Luisa es madre de cuatro hijos, uno de 19 y los demás de menos de 11 años. Sus hijos menores no quieren saber más de audiencias, abogados, medios de comunicación, cárcel y están seriamente afectados psicológicamente. Ella vino hace poco a Quito para denunciar este nuevo atropello de la justicia entregada al correísmo, otro caso más de criminalización de la protesta social.

Esta pseudojusticia, esta justicia al revés, en la que los verdaderos delitos reciben penas muy leves e incluso irrisorias, como el célebre “comecheques”, culpable de peculado, quien recibió una pena de apenas 3 meses. Otra perla es la de Vinicio Luna, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien a pesar de ser reincidente recibió de condena un año por lavado de activos y podrá salir libre en 7 meses. Pero Luisa, por ser solidaria con una compañera, por protestar contra el maltrato, por ser indígena, por ser mujer y por ser pobre recibe toda la dureza de ley y más: 4 años de prisión.

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