OPINIÓN

Los nadies ¿a quién importan? La ejecución de Zoila, la mamá del “Niño del Terror”

Por: Ramiro Ávila

Tenía nombre. Zoila se llamaba. No tiene quien pregunte por su caso en la fiscalía ni quien reclame por sus derechos. Era una nadie. No sabemos qué pensaba, en qué creía, qué esperaba de la vida. Murió como un perro callejero. No dejó nada en la tierra salvo su cuerpo acribillado. Y su cuerpo sí pudo hablar por ella. ¿Quién quiere saber qué grita su cuerpo muerto? ¿Y para qué saber qué nos dice ese pedazo de huesos casi desechos? ¿A quién le importa?
Eran las 04h00 del 16 de enero de 1992. Zoila dormía en la cama de su hijo, cuando entraron ocho policías, entre ellos un capitán, un teniente y un subteniente. El operativo fue, como suele ser, violento y rápido. Directo al objetivo: una granada para abrir la puerta y veinte tiros penetraron en el cuerpo de Zoila. Al momento de la autopsia encontraron en su cuerpo 11 proyectiles. ¿Por qué tanta saña contra una señora pobre?
Días antes de este operativo, bajo presión y con técnicas dudosas (como se desprende del documental “Tras las sombras del Niño del terror”), la policía investigaba una serie de asesinatos a personas taxistas y homosexuales y había detenido a un grupo de jóvenes sospechosos. Uno de ellos, Milton, afirmó que conocía la identidad del responsable de las muertes, que sabía su domicilio, que vivía con su madre y que era peligroso. Esa persona era Juan Fernando Hermosa, conocido como “el Niño del Terror”.
Al parecer, por la forma como se hizo el operativo, querían matar a Hermosa y mataron “sin querer” a su madre. Por este hecho, no hubo investigación policial ni judicial alguna sobre el uso de la fuerza de la policía, sino una felicitación a quienes hicieron el operativo por la captura de Hermosa.
¿Alguna justificación para esta muerte? La policía y también uno de los abogados defensores, para variar (como suele suceder en todos los casos de ejecuciones extrajudiciales), afirmó que hubo cruce de balas, que la muerte de la madre la ocasionó su hijo al momento de huir, que se trataba de un asesino serial cruel, que las balas no corresponden al armamento de dotación policial y que no usas granadas nunca.
En el expediente constan evidencias importantes que desdicen la versión de los policías y de su defensa. No hubo cruce de balas (ni Hermosa ni miembro alguno de la policía se reportó herido). El arma que se le decomisó a Hermosa no coincide con los proyectiles encontrados en el cuerpo de su madre y no disparaba en ráfaga. Además, difícil creer que Hermosa en un operativo sorpresa tuviera una granada para recibir a sus captores, que para escapar dispare a su madre y no a los policías de quienes estaría huyendo. ¿Quién es el estúpido, Hermosa por disparar a su madre o nosotros si nos creemos la historia montada por la policía? Por otro lado, hay una pericia (autopsia psicológica) en la que se afirma que Zoila, como cualquier mortal a la madrugada, descansaba, estaba en estado de indefensión, además por padecer sordera y artritis reumatoide se trataba de una persona en condición de vulnerabilidad.
Para colmo, la policía y su defensa afirman que no es una violación grave de derechos humanos y que la fiscalía quiere aparecer como defensora de derechos humanos » ¿Si esto no es violación grave de derechos humanos, cómo se llama este hecho abusivo del estado contra una nadie? ¿Si por fin alguien en la fiscalía asume seriamente su deber, como establece la Constitución, de promover y proteger los derechos humanos, le debemos criticar?
Una violación a los derechos humanos es grave cuando a quien se le paga para protegernos –me refiero en general al Estado y en particular a la policía- nos mata, y cuando usa patrones semejantes para garantizar su impunidad. ¿Algún parecido de este caso con el caso Fybeca? Si moría Juan Fernando Hermosa posiblemente no hubiese pasado mucho, al igual que si moría solo una banda criminal en el caso Fybeca. Pero murieron quienes no debían. Una nota importante: aún si moría este joven, criminal serial, peligroso, en el operativo, se trataba de una ejecución extrajudicial, de una grave violación a los derechos humanos.
¿Cuándo entenderemos que las personas tenemos derechos por existir y que no los perdemos por ser malos, conservadores, de la revolución ciudadana o de la oposición, peligrosos, feos, extranjeros, delincuentes o asesinos seriales?
En el juicio hay un debate sobre el encubrimiento de las autoridades policiales que en lugar de investigar y sancionar a sus subordinados, los felicita y les permite seguir su carrera policial. Efectivamente la figura penal ha cambiado con el COIP. Si antes eran encubridores ahora serían responsables de fraude procesal. El hecho sigue siendo reprochable antes del COIP y con el COIP. Lo que cambia es la calificación jurídica. Por el principio de favorabilidad lo que cabría es aplicar la pena menor, pero no dejar impune el caso, por favor.
Zoila no tiene quien reclame por ella. Pero su vida, su existencia, su dignidad reclama verdad y justicia. No queremos más en Ecuador estos usos indiscriminados e innecesarios de la fuerza policíaca. No es un caso aislado ni único. Basta ver el informe de la Comisión de la Verdad para comprobarlo. ¿Cuánto nadies más habrán muerto ejecutados extrajudicialmente en nuestro país sin tener quién les reclame, y cuyos ejecutores habrán merecido felicitaciones o indiferencias?
Zoila merecía seguir viva y la perdimos. Esto no es negligencia solamente, o error involuntario, o un operativo exitoso, o lucha contra la delincuencia. No hay pretexto ni justificación. Se trata de una grave violación a los derechos humanos que no puede prescribir y que merece no quedar en la impunidad.

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