VOCES COMPROMETIDAS

Violación a derechos colectivos en la Amazonía ecuatoriana

Por: Víctor Gómez, Radio Sucumbíos

Las comunidades indígenas shuar expulsadas a la fuerza de la zona en donde se pretende ejecutar el proyecto minero Panantza-San Carlos, en Morona Santiago, a cargo de la empresa minera china Explocobres SA, EXSA, decidieron este martes volver a su territorio ancestral.
En agosto de este mismo año, las comunidades shuar asentadas en la Parroquia Panantza-San Carlos, fueron desalojadas de manera violenta de su territorio, mediante operativos policiales y militares. El desalojo forzoso de la comunidad de Nankintz fue fruto del abuso de autoridad por parte del Intendente Provincial de Morona Santiago, quien autorizó el desalojo sobre una área de 94 hectáreas. Esta expulsión se realiza sin razón legal, debido a que solamente dos hectáreas eran las que habían sido otorgadas mediante sentencia a la empresa EXSA, según denunció la ONG Acción Ecológica.
Este territorio entró en conflicto en los años 90, a raíz de la adjudicación de tierras producida de manera irregular y sin inspección alguna por parte del extinto IERAC al señor Alvarado, quien posteriormente procedió a vender a la empresa minera EXCA, en esos años de capital canadiense.
Desde entonces la población local ha estado sometida a continuas presiones, hostigamientos, amenazas, operativos militares y vulneración de derechos para que abandone la zona en la cual mantenían el derecho de posesión, con el objetivo ser entregada a capitales chinos.
El retorno y las acciones emprendidas por las comunidades este día martes, se encuentran insertas en un contexto de continua violación de derechos humanos y colectivos, de omisiones de garantía de derechos por parte del Estado ecuatoriano, tales como:
– El derecho a la consulta y convenios internacionales como el de la OIT y La Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas,
– El incumplimiento del mandato minero constatado por la propia Contraloría General del Estado,
– La falta de regulación de autoridades como el Ministerio del Medio Ambiente, que otorgó licencias ambientales al proyecto minero Panantza-San Carlos.
La comunidad de Nankintz ha acudido infructuosamente durante mucho tiempo a las instancias oficiales y legales como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minería o la Embajada China en Ecuador para intentar tratar sobre este grave conflicto.

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