Saldo en rojo para los derechos humanos en el 2016
El 2016 fue un año en que la crisis económica, producto sobre todo del desacertado manejo por parte del gobierno, se profundizó notablemente. La economía decreció más del 2%, aumentó el desempleo y el subempleo y la deuda fiscal, en apenas un año, se incrementó en 15000 millones de dólares. Desde fines del 2014 y en el 2016 con mayor claridad se evidenció la desesperación del gobierno por conseguir recursos a como dé lugar luego de haber raspado la olla a más no poder, luego de disponer de los recursos de los afilados al IESS, de los fondos del Banco Central, de fondos privados como los del magisterio y de la creación de numerosos impuestos y de leyes como la de la plusvalía. En este contexto no es de extrañar que el gobierno pretendiera llevar adelante a toda costa su política extractivista, violando abiertamente los derechos humanos de los habitantes de las zonas donde se hallan las concesiones mineras. El caso más reciente se vive actualmente la provincia de Morona Santiago, en territorio de la nacionalidad Shuar, actualmente bajo estado de emergencia y ocupación militar y policial, encargada del desalojo de los indígenas de Nankints y de la defensa de la empresa transnacional china ECSA, siguiendo órdenes del gobierno. La represión, la persecución y la criminalización han sido la respuesta a la protesta social durante todo el gobierno de Rafael Correa, empezando por el caso de Dayuma en el 2007, y el año 2016 no fue la excepción. En el año en que estallaron los más grandes casos de corrupción del gobierno -Petroecuador y Odebrecht- la justicia fue inoperante para detener a varios funcionarios gubernamentales que se fugaron del país. Sin embargo, fue muy expedita para dictar sentencias desproporcionadas a 98 participantes del paro nacional y levantamiento indígena de agosto del 2015, como por ejemplo el caso de los miembros del pueblo Saraguro Luisa Lozano y Amable Angamarca, condenados a 4 años de prisión por su presunta participación en dicho levantamiento. De esta manera se evidencia la falta de independencia de la justicia y su utilización política para perseguir y castigar. Es así como se cerró el 2016 con 29 defensores de los derechos humanos sentenciados.