Ecuador rinde cuentas ante la ONU en materia de derechos
La delegación del gobierno ante el Consejo de Derechos Humanos presentó un informe en el que hace una larga lista de todos lo que considera logros en materia de derechos humanos, fundamentalmente derechos económicos y sociales, como la “erradicación de la pobreza y redistribución de la riqueza, la gran inversión en educación y salud, el apoyo a la economía popular y solidaria, la reducción de la tasa de desempleo al 5%,”entre otros. Varias de las afirmaciones del gobierno en estos ámbitos son discutibles, unas pocas muestras: El índice de pobreza efectivamente disminuyó durante el gobierno de Correa en promedio anual menos que entre los años 2000 al 2006, o sea antes de la Revolución Ciudadana. Lo que no se dijo es que desde mediados del 2015 hasta ahora, ya en plena crisis económica, el porcentaje de pobreza está aumentando. El apoyo a la economía popular y solidaria en 10 años fue de apenas 74 millones de dólares, es decir 16 veces menos que lo que se gastó en aplanar y dotar de agua al terreno ubicado en El Aromo, donde no existe ninguna refinería. Las atenciones médicas aumentaron a 42 millones anuales porque ahora se exige a los médicos del sector público que atiendan a los pacientes en máximo 15 minutos: sacrificar calidad por cantidad.Se expuso lo incluyente que es el actual gobierno porque 1460 indígenas, negros y montubios ganaron concursos del sector público gracias al puntaje adicional que se les otorgó. Pero esa cantidad representa apenas 1 de cada 500 funcionarios públicos. El gobierno del Ecuador rechazó 19 de las observaciones que se le realizaron en el examen periódico en la cuestión de Derechos Humanos. La libertad de expresión y el trabajo de periodistas y medios de comunicación fue firmemente observada, nada menos que por 36 estados. Veinte estados señalaron su preocupación por la falta de independencia de la justicia y el hecho de que en 3 años, 400 jueces hayan sido destituidos gracias a la figura de error inexcusable. Alemania enfatizó sobre la criminalización de la protesta social y también pidió revisar el Código Orgánico Integral Penal en lo referente a las figuras de ataque, resistencia, sabotaje y terrorismo. Varios estados también se pronunciaron en contra de las restricciones a la libertad de asociación y a las amenazas contra activistas y defensores de Derechos Humanos. Pero la repuesta oficial del gobierno es que en el Ecuador no pasa nada y que nosotros no vemos lo que ustedes ven. El mensaje del gobierno fue claro: la situación en derechos humanos seguirá igual, eso no va a cambiar. O sea, autoritarismo y destrucción de las instituciones democráticas, violaciones constantes a los derechos civiles y políticos individuales y colectivos a cambio de la mejora de algunos índices sociales.Y todo eso acompañado corrupción y una deuda gigantesca.