EDITORIAL

A los tiempos una victoria para la libertad de expresión y la libertad de prensa

No contento con los 600 mil dólares que obtuvo del Banco Pichincha, ni con los 44 mil que la sacó a Fernando Villavicencio ni los 100 mil que le deben Cléver Jiménez y Carlos Figueroa, Rafael Correa también quiso hacer lo mismo con Martín Pallares, quien escribe en el portal «4 Pelagatos», y que según el abogado de Correa, habría atentado contra su honra en el artículo «Si a Correa lo sorprenden robando podría decir que estaba cuidando”.

En el escrito mencionado, Pallares de manera sarcástica critica la afirmación de Correa para quien el millón de dólares recibido de Odebrecht por el ex-ministro de Energía Alecksey Mosquera fue un “acuerdo entre privados” porque se realizó luego de haber dejado esa cartera. Lo cual fue desmentido posteriormente por la propia empresa.

Parecería que los jueces serviles y generosos con Correa se están acabando y el exmandatario no logró su cometido de que el juez fije una cantidad para reparar su «honra mancillada» y envié a la cárcel al periodista. Luego de la audiencia, el juez declaró inocente a Pallares aunque la defensa de Correa, para quienes la publicación en internet del artículo constituye un agravante, dijo que apelará. El expresidente no estuvo presente en el juicio pero sí un grupo de sus seguidores y también un grupo de quienes apoyaban a Pallares.

Recordemos que en las sabatinas, Correa identificaba a los culpables del «delito» de discrepar con sus ideas y acciones, para los cuales no escatimaba insultos y acusaciones. Seguidamente, sus “guerreros digitales” se encargaban de calumniarlos en las redes sociales. Con inusitada rapidez, los jueces imponían sentencias por el delito de pensar diferente. También fueron perseguidos quienes salieron a protestar contra el régimen en diferentes manifestaciones o en el paro nacional del 2015. Cientos de ellos fueron sentenciados a varios años de prisión y están encarcelados por el delito de protestar. Ahora la CONAIE pide su amnistía.

Ojalá que la declaración de inocencia de Martín Pallares señale el fin de una justicia injusta y parcializada siempre con el poder, desde cuando Correa decidió, según sus propias palabras, meter la mano en la justicia. Han sido largos años en que el principio universal de la presunción de inocencia fue violado sistemáticamente y todo detractor del gobierno se convirtió en culpable. Culpable del delito de pensar diferente, de no ser esbirro del poder, de ser crítico, de oponerse a las políticas extractivistas, de ser libre y no agachar la cabeza.

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