Por: Darío Iza, ASFADEC
El 30 de agosto, al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, expresa su profundo dolor al ver que ha pasado un año más y sus seres queridos aún continúan desaparecidos. El Estado ecuatoriano no ha logrado responder dónde están las 4402 personas desaparecidas en el país de enero de 2013 a junio de 2015. De ellas, el 67% son mujeres entre 11 a 27 años de las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, Los Ríos, Manabí y El Oro.
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec) exige que el Estado ecuatoriano tome medidas eficaces y oportunas para investigar, sancionar y reparar este tipo de hechos que provocan un enorme dolor y consecuencias psicológicas, sociales y económicas muy graves en las miles de familias afectadas por dicha situación. Por esto, solicitan al Estado ecuatoriano la:
1. Tipificación de la desaparición a manos de particulares en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), tal como lo establece el Art 3. de la Convención contra las Desapariciones Forzadas.
2. Implementación de una base de datos a nivel nacional que contenga información detallada (sexo, edad, etnia, rasgos fenotípicos, condición general de salud, tatuajes, cicatrices, etc) sobre personas que hayan ingresado o hayan sido atendidas en centros hospitalarios o de salud, morgues, ancianatos y similares.
3. Capacitación integral al más alto nivel para personal especializado, tanto de la Policía como de la Fiscalía encargados de la investigación de personas desaparecidas y delitos vinculados al tema.
4. Aplicación de estándares mínimos de trato a los familiares de las víctimas.
5. Desarrollo y ejecución de un nuevo Plan de Recompensas 1800 para las personas que se encuentran desaparecidas y campañas amplias y bien planificadas a través de los diferentes medios de comunicación social.
6. Desarrollo de reuniones mensuales entre familiares de las víctimas con los fiscales y agentes encargados del caso a fin de avanzar en los procesos de investigación y búsqueda.
7. Reuniones semestrales con el Presidente de la República, Fiscal General del Estado, Ministro del Interior y el titular de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) para analizar la implementación eficiente de políticas públicas y acordar la implementación de adecuaciones o mejoras; analizar el marco normativo vigente, su efectividad y proponer mejoras, adecuaciones o adendas y evaluar la gestión institucional y la debida diligencia estatal.
8. Garantizar que, durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas, sus familiares y representantes, tengan amplias oportunidades para participar y ser escuchados durante todos los procesos.
9. Garantía y promoción del derecho a la asociación a fin de precautelar la existencia de nuestra organización, así como de organizaciones con fines similares.