Por: Ileana Almeida
Que la política está vinculada a la vida moral de un pueblo por muchos hilos no es un juicio nuevo. Y cuando éstos se embrollan, producen graves males sociales. Que varios periodistas y académicos han evaluado la política de Correa como desprovista de honradez también es un hecho. Sin embargo, parece necesario abundar en algunos aspectos. La información sobre la falta de honradez en el manejo político y económico de Rafael Correa debería ser mejor explicada. Las cantidades de dinero mal habido son tan grandes que no pueden ser concebidas ni asumidas por la gran parte de la población. Tampoco lo son las denuncias de cohecho, concusión, colusión, fraude, devaluación, malversación, peculado, vinculación, etc. De acuerdo a leyes semióticas, los mensajes con significados incomprendidos saturan la comunicación y solo producen “ruido”, de esto se desprende que la información es rechazada. Esto seguirá sucediendo si no se anclan los informes a algo comprensible (como sí se ha hecho ya en ciertos casos), mostrando todo lo que se hubiera podido hacer para ayudar a la gente con mayores necesidades contando con tal cantidad de dinero mal habido.
Todo lo señalado no quiere decir que no se apunte al mandato de Correa como ejemplo de un gobierno que hizo caso omiso del significado moral. De acuerdo a criterios, evaluaciones, y representaciones de las organizaciones sociales, su mandato fue hostil a los movimientos sociales, hipócrita en el manejo de la cuestión ambiental, opaco en el manejo económico, intolerante ante la reacción popular. También desató la violencia sin necesidad. De aquí nacieron el miedo y la sospecha. La autopromoción de la figura de Correa fomentó en la psicología popular la sumisión y el sometimiento.
El sentido de la moral en la política que se supone debe ser general y funcionar más allá de las ideologías, se fraccionó en moral oficial (falsa) y no oficial. En la Asamblea se dictaron leyes en contra de la voluntad popular, se desechó la lucha política real por la tierra y el agua que por siglos han llevado adelante los indígenas, se olvidó que el país es pluricultural de acuerdo a las diversas concepciones del mundo (lo que amerita un meticuloso análisis científico). Por cálculo político se impuso la Ley de Comunicación que evidencia hasta qué punto primó el utilitarismo político frente a la libertad de expresión. Recientemente, los asambleístas de Alianza País minimizan las graves condiciones de la Refinería de Esmeraldas sin sentir escrúpulos frente a la advertencia de una posible catástrofe por fallas técnicas. El comportamiento del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh, está en la mira de la Comisión Nacional Anticorrupción por haber estado siempre atento a las órdenes que recibía desde Carondelet. Se debe recalcar que las convicciones morales de principios que rigen los juicios de la Comisión despiertan el respeto público.
La política nunca ha sido un estado de descanso. Es un proceso lleno de contradicciones, a los problemas ya resueltos siguen otros nuevos. Renegociar la deuda externa no significa que la deuda se termine, los ecuatorianos la seguiremos pagando, y esperemos, en mejores condiciones. Devolver a las organizaciones indígenas el manejo de la Educación Intercultural Bilingüe no oculta los graves problemas que debe enfrentar: falta de investigación, procesos de extinción de las lenguas, debilitamiento de las comunidades, etc., pero son procesos de avance orientadas por la experiencia moral. Impedir la reelección presidencial o cesar en sus funciones al Consejo de Participación Ciudadana traerán recriminaciones y protestas del correísmo de línea dura pero hay que hacerlo para contribuir a la vida moral del pueblo ecuatoriano.
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