Con gran publicidad y parafernalia, el gobierno de Rafael Correa decidió la ampliación de la cobertura del seguro de salud del IESS a los hijos y cónyuges de los afiliados, con lo que el número beneficiarios casi se triplicó. De esta manera, las necesidades del fondo de salud también se multiplicaron. El gobierno más o menos toreó la situación hasta que llegó la crisis económica. Ávido de recursos por la caída del precio del petróleo, luego de un despilfarro enorme de recursos y después de gastarse todos los ahorros del estado, el gobierno decidió echar mano de los fondos del IESS.
En 2015, la Asamblea de mayoría correista aprobó la Ley de Justicia Laboral, que eliminó de un plumazo el 40% de aportes estatales para las pensiones jubilares. Esta ley viola el artículo 11 de la Constitución por lo regresivo en cuánto a los derechos de los ciudadanos, además de contravenir varios tratados internacionales. Desde que se implementaron estos aportes en 1942, ningún gobierno, sin excepción, de cualquier signo ideológico, electo democráticamente o dictadura, había dejado de pagarlos.
Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta respecto a los efectos negativos del cambio de aportes en 2015, cuando el gobierno decidió tomar recursos del fondo de pensiones del IESS para cubrir el déficit de salud, ya que afectan el equilibrio financiero de los seguros de salud, pensiones y riesgos del trabajo.
El Presidente del Consejo Directivo del IESS Richard Espinosa reconoció recientemente que el IESS tomará 1600 millones de dólares de su fondo de ahorros en el 2017 para cubrir el pago de pensiones. Y agregó que se tomarán medidas para evitar ciertos abusos de algunos afiliados, con lo que se espera ahorrar $300 millones de dólares anuales pero aun así el déficit estaría muy lejos de ser cubierto.
Más allá de las frías cifras, está la tragedia humana causada por el manejo irresponsable e indolente de los recursos del IESS por un gobierno que hizo soñar a muchos pero que al comprobar la triste realidad de engaños, mentiras y corrupción se ha convertido en una verdadera pesadilla para los ecuatorianos. El gobierno de Moreno tiene mucho que hacer para superar la enorme crisis que hereda de Correa pero el tiempo sigue su marcha inexorable.
El esfuerzo y sacrificio de toda una vida de trabajo de millones de ecuatorianos para asegurar mínimamente su vejez y su salud corre el riesgo de irse a la basura porque el gobierno de Alianza País desvalijó el fondo de pensiones, dejando la mesa servida para la voracidad de las empresas aseguradoras privadas.