Ante la indignante realidad de violencia generalizada contra las mujeres en el Ecuador, incluyendo numerosos casos de feminicidio, el presidente Moreno envió un proyecto de ley a la Función Legislativa a para combatir esta lacerante realidad. La Asamblea Nacional aprobó este 25 de Noviembre la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer incluyendo algunas modificaciones implementadas a última hora.
Varios colectivos de mujeres se posicionaron ante estos cambios, una de sus principales reacciones se refirió al artículo 26, literal k, en el cual, respecto a los abortos no punibles se dice, “se brindará atención integral en los casos establecidos en el artículo 150 del Código Integral Penal (COIP)”, es decir cuando se trata de evitar un peligro en la vida de la madre o cuando el embarazo es fruto de una violación en una mujer con discapacidad mental.
El cuestionamiento de los colectivos de mujeres es que, la gran mayoría de víctimas de violaciones son mujeres y niñas sin discapacidad mental, lo cual implicaría que si llegasen a abortar serían criminalizadas por la ley (según nuestra normativa penal la sanción para una mujer que se practique un aborto es de 6 meses a 2 años de prisión).
En Ecuador, 3600 niñas menores de 15 años son madres como consecuencia de violación. Al considerar el aborto como un delito, se presiona para la que las mujeres y niñas violadas vivan una maternidad forzada, sin tomar en cuenta las gravísimas secuelas que conlleva para las víctimas esta situación en los planos psicológico, afectivo y económico y la alteración extrema de sus proyectos de vida.
Dirigentes exigen que se reconozcan sus derechos, incluido el derecho al aborto, toda vez que en el país existen nada menos que 380 mil mujeres que han sido víctimas de violación. Se quiere precisamente tomarle la palabra al presidente Moreno, de que no se hará ninguna ley sin sus principales actores.