Por: Raquel Silva, ASOMAC
El lunes 11 de diciembre, un día después de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se cumplieron dos años de la ejecución de uno de los actos más oprobiosos, detestables y repugnantes causados por el Proyecto PLAN TIERRAS, violatorio de la Constitución, convenios internacionales de Derechos Humanos y de varias leyes.
Más de 150 policías nacionales y un número superior de civiles, vistiendo en su mayoría camisetas color verde flex (AP), con participación de servidores de Plan Tierras, irrumpieron violentamente al predio LEOPOLDINA, en el cantón Colimes, provincia del Guayas. Desalojaron a mansalva a más de 44 familias integrantes de la Asociación de Montubios de Colimes ASOMAC, de unas 150 hectáreas que venían cultivando por más de 11 años, y que el propio Ministerio de Agricultura les había garantizado en el 2009. Los campesinos perdieron todos sus cultivos de arroz -unos por cosechar y otros en pleno proceso productivo, fueron incendiadas sus viviendas, destruidos buena parte de sus enseres, perdieron dinero y más pertenencias; y se encuentran privados del acceso al agua para uso humano y de riego.
La orden ilegal e inconstitucional la impartió la Dra. Tanía Verónica Ojeda Valarezo, ex Directora Distrital Occidental de Tierras, de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del MAGAP, en Guayaquil el 10 de septiembre del 2015, y el Intendente General de Policía del Guayas, Abogado Rafael Gustavo Guerra Torres, el 16 de noviembre del 2015. Sin observar el debido proceso, sin un trámite previo y sin notificación desacataron la resolución de 23 de enero de 2015 suscrita por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica que anuló la orden de desalojo.
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que el 31 marzo de 2016 declaró, por ilegal, la nulidad de la adjudicación de la Asociación LA LAGARTERA. Dispuso, el 22 de agosto de 2017, a la Subsecretaría de Tierras que ejecute la sentencia y hasta la presente fecha no se pronuncia.
Los 44 campesinos de ASOMAC ilegalmente desalojados exigen la inmediata restitución de sus tierras y la reparación integral.