Recientemente Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) indicó que la corrupción, en los diez años de gobierno de Correa, le costó al país la astronómica cantidad de 35 mil millones de dólares, es decir, por ejemplo, más que el presupuesto del año 2017. Esta cifra incluye coimas, sobreprecios, evasión tributaria, comisiones por exportación de petróleo e importación de derivados, deuda pública y gasto corriente.
Hace unos pocos días fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita el vicepresidente Jorge Glas, quien estuvo a cargo del manejo de los sectores estratégicos, en el cual se incluyeron las refinerías, hidroeléctricas, poliductos, proyectos petroleros y mineros. En estos sectores, Rodríguez afirma que la corrupción alcanzó los 21 mil millones de dólares.
Estas cifras impresionantes evidencian que los casos de corrupción durante el gobierno de Correa no fueron hechos aislados, sino parte de una política sistemática y planificada de despojo de los recursos del Estado.
Casi no existió contrato sin sobreprecio. Algunos resultan demasiado evidentes como los del Aromo, donde se iba a construir una refinería de la cual no hay ni un perno y se gastaron 1200 millones en aplanar un terreno y dotarle de agua. Otro caso evidente es el de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, en la cual luego de gastar 2200 millones, 8 veces más que lo presupuestado originalmente, dio como resultado una refinería que funciona con graves problemas y cuya reparación requerirá la inversión de cientos de millones más.
La “ingeniosa” figura llamada “giro propio del negocio” y los decretos de emergencia que permitieron al gobierno la contratación de empresas a dedo, sin ninguna licitación ni concurso de ofertas, fue fundamental para permitir tanta corrupción.
Las cifras que da Rodríguez tienen sustento y el gobierno de Moreno lo sabe. Eduardo Mangas, hasta hace poco secretario de la presidencia, reconocía en su ya famoso audio que la CNA había alcanzado demasiado prestigio a nivel de la sociedad y que sus denuncias eran “verdaderas” y para contrarrestar ese prestigio y restarle protagonismo, el gobierno había creado el Frente de Lucha contra la Corrupción.
Si bien algunos funcionarios del anterior gobierno han sido detenidos y procesados y otros han fugado, parecería ser que todavía solamente se conoce la punta del iceberg de la corrupción. Debería investigarse a cientos de ministros, asambleístas y otros funcionarios, del gobierno de Correa y del actual gobierno, que han visto como sus patrimonios crecieron exponencialmente en la década que para ellos si fue “ganada”. Y obviamente, debería investigarse al mismo Rafael Correa, quien fue la cabeza del gobierno por esos diez años.