Momento de grandes decisiones

Ante el reclamo de varias organizaciones y ciudadanos, el Prefecto de Cuenca se pronunció afirmando que el apoyo es para “promover el debate democrático de cualquier tesis.” Sin embargo, es difícil hablar de un debate democrático cuando solo se da lugar y auspicio a una sola posición (la católica), olvidando a las otras religiones y a quienes no profesan religión alguna, lo cual viola sin lugar a dudas el derecho a la libertad de culto y religión.

Nuestra Constitución de la República vigente, aprobada en Montecristi hace casi 10 años, es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Lo establecido allí obliga a todos y todas e impone determinadas obligaciones a los servidores públicos y autoridades de elección popular nacionales y locales.

Así el artículo 1 de nuestra Constitución dice: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.” Que seamos un Estado laico implica cosas muy importantes paratodos y todas, tales como:

1. La separación e independencia entre Estado y cualquier organización religiosa.
2. La neutralidad del Estado con todas las religiones, es decir que todas sean tratadas por igual y que ninguna tenga un trato preferencial.
3. La prohibición de toda injerencia religiosa dentro del Gobierno.

Todo esto fue el resultado de múltiples luchas a lo largo de nuestra historia, desde nuestra independencia del Reino de España (ese tiempo en el que por ser indígenas no nos reconocían como personas), pasando por la eliminación de la “Carta Negra” (ese tiempo en el que para ser ciudadano se tenía que ser hombre y católico), y la Revolución Liberal
(cuando por fin logramos separar formalmente a la Iglesia del Estado, porque antes por ejemplo, la Iglesia Católica manejaba lo que hoy sería el Registro Civil).

Pese a todo esto, muchos servidores públicos se olvidan que somos un Estado laico y ejercen sus funciones desde sus convicciones religiosas personales individuales, en lugar de representar al pueblo y buscar el bienestar de toda la población. Para muestra un ejemplo.

La prefectura del Azuay, entidad pública, financiada con los impuestos de todos, auspicia el “Congreso Nacional Redessvida”, que en verdad es un evento religioso católico como se puede observar en sus objetivos y agenda, además de que gran parte de los ponentes son religiosos católicos y la inscripción se hace en la Curia Arquidiocesana de Cuenca.

Ante el reclamo de varias organizaciones y ciudadanos, el Prefecto de Cuenca se pronunció afirmando que el apoyo es para “promover el debate democrático de cualquier tesis.” Sin embargo, es difícil hablar de un debate democrático cuando solo se da lugar y auspicio a una sola posición (la católica), olvidando a las otras religiones y a quienes no
profesan religión alguna, lo cual viola sin lugar a dudas el derecho a la libertad de culto y religión.

Más grave todavía es que en la publicidad de dicho evento se desinforma sobre los derechos a la vida, a la salud, los derechos sexuales y reproductivos y se ataca a los conceptos de “género” y “feminismo”, los cuales además de tener respaldo científico son reconocidos por la ONU y la Unesco como herramientas para alcanzar la igualdad de las personas. Pero pese a esto se supone que somos un “Estado laico”

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