Ecuador, 7 de febrero de 2018
Las organizaciones sociales, colectivos LGBTI, académicos/as, feministas y trabajadores/as de la salud agrupados en la Plataforma por la Salud y la Vida, expresamos:
1. La Plataforma por la Salud y la Vida es una red de organizaciones constituida en defensa del derecho a la salud, que desde el 2015 ha denunciado la intimidación, retaliación y censura sistemática de la participación ciudadana en salud.
2. El 8 de diciembre de 2017, luego de una evaluación de calidad de sus servicios, el Ministerio de Salud Pública (MSP) clausuró el Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela” de Guayaquil, poniendo en evidencia un fracaso mayúsculo en la historia de la administración hospitalaria y de la salud pública del Ecuador. El cierre forzado de un hospital es una frustración no sólo de su director, sino ante todo, del MSP, porque frente a su discurso de calidad, eficiencia, alta inversión, tecnocracia y rectoría del sector, esta unidad, que había sido acreditada por una evaluadora internacional, evidenció importantes fallas sanitarias. Paradójicamente, los “problemas” que justificaron el cierre se habían presentado desde tiempo atrás. Frente a esto, es imperativo realizar una exhaustiva investigación de este fracaso en la gestión del MSP, que no es sólo de ahora ni se refiere sólo a un cierre hospitalario. A pesar de la enorme inversión y el elevado gasto en salud, la falta de visión estratégica en la conducción sanitaria del país, impidieron mejorar los indicadores claves de salud.
3. La Asociación de Ayuda Mutua “Martha Gutiérrez”, en carta dirigida a la Presidencia de la República, dio a conocer las graves consecuencias que tuvo la decisión del MSP y el daño infligido a las personas desalojadas del hospital neumológico, incluyendo el fallecimiento de 16 pacientes luego del cierre. Esta absurda decisión contra el hospital “Alfredo J. Valenzuela”, no sólo afectó los derechos humanos de 85 personas hospitalizadas que estaban bajo el cuidado del MSP, sino que, además, 1.293 personas se quedaron sin un diagnóstico oportuno y, puso en riesgo a la población ecuatoriana al no contar con espacios adecuados para la transferencia de pacientes con tuberculosis (TB) multidrogoresistente. Esta denuncia cuenta con el respaldo solidario de más de 25 organizaciones sociales, organismos no gubernamentales y gremios.