Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, son los tres miembros del equipo noticioso de El Comercio que fueron secuestrados el 26 de marzo en Mataje, provincia de Esmeraldas. El equipo realizaba cobertura informativa en la frontera norte, reseñando la peligrosa situación de desprotección de los habitantes de la zona. Desde su secuestro por el crimen organizado, concretamente por un grupo disidente de las FARC y vinculado al narcotráfico, hasta el doloroso desenlace de conocimiento público, han pasado muchos hechos que requieren ser señalados.
Una gran parte de los ecuatorianos se unieron y solidarizaron con la situación de los periodistas y sus familias, por más de diecinueve días consecutivos periodistas y ciudadanos en todo el país realizaron vigilias y marchas, exigiendo el regreso a casa de los secuestrados. Las manifestaciones de dolor e indignación han ido acompañadas de demandas al régimen del presidente Moreno en el sentido de preservar, por sobre todo, la vida de los periodistas.
Tal como lo manifestó un representante de los familiares de los secuestrados, es penoso que mucha gente haya puesto en duda la veracidad del secuestro. Igualmente deleznable ha sido el uso politiquero de la situación, ciertas personas han manifestado que “con el anterior gobierno esto no ocurriría”, “es hora de traer nuevamente a la fuerzas norteamericanas” y “debemos militarizarnos, cerrar fronteras y expulsar a los extranjeros”.
El Estado ecuatoriano por su parte, desde sus máximos personeros, ha comunicado que la seguridad de los periodistas siempre fue prioritaria y que se realizaron todos los esfuerzos y pasos necesarios para que recuperen su libertad. La situación tuvo un manejo de lo más hermético.
El Estado colombiano por otra parte, se pronunció solidarizándose y manifestando que se llevaron a cabo investigaciones. Sin embargo, el hecho no fue ni sigue siendo manejado con la misma prioridad que desde el lado ecuatoriano, incluso el presidente del vecino país así como su Fiscalía, declararon su convencimiento de que los secuestrados no se encontraban en el lado colombiano, deslindándose de alguna manera de lo ocurrido.
Los medios noticiosos colombianos primero comunicaron que los periodistas ya habían sido liberados, y luego revelaron un video en el cual se vio a los periodistas encadenados y manifestando las exigencias de sus captores para que sean liberados: el intercambio por tres detenidos y la anulación del convenio entre Ecuador y Colombia sobre el combate al terrorismo; la difusión del video fue condenada por las autoridades ecuatorianas por entorpecer las investigaciones.
Frente a lo acontecido, el Colectivo PRODH se solidariza en primer término con las familias, amistades y colegas de Javier, Paúl y Efraín, así como también con quienes ejercen la labor periodística y de comunicación. Reconocemos la importancia de estas funciones para el fortalecimiento de una sociedad libre y democrática.
Hacemos un llamado a que las autoridades ecuatorianas y colombianas asuman la responsabilidad que les corresponde en la situación que vive la frontera norte, como eco del largo conflicto armado colombiano. Que sus acciones estén siempre enmarcadas en el respeto a los derechos y la soberanía de nuestros pueblos,
También hacemos un llamado a la sociedad para evitar caer en la trampa de la xenofobia y la discriminación, no podemos permitir que el miedo nos obnubile y nos lleve a perder la visión sobre las verdaderas causas del conflicto y de la violencia.
Asumamos con entereza el dolor y mantengámonos vigilantes para evitar que se pierdan más vidas de víctimas de un conflicto que no tiene por qué ser nuestro. Las poblaciones fronterizas, los pueblos negros, awá, montubios y otros que habitan las provincias fronterizas, demandan atención a sus necesidades para vivir con dignidad. La solución no es militar, no le hagamos juego a la guerra. Nos seguirán faltando tres, evitemos que nos falten más.