Por: Ivonne Macías, Comité de Derechos Humanos de Shushufindi
Las provincias afectadas por las actividades petroleras de Texaco, hoy Chevron, responden y toman medidas necesarias ante los últimos acontecimientos vividos. Es así como el día sábado 15 de septiembre del 2018, en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, distintas organizaciones sociales, de nacionalidades indígenas, campesinos, mujeres y de derechos humanos, previa convocatoria de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco UDAPT, se reúnen para conocer el informe sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el caso contra Chevron. Se proponen además analizar el rol del Estado ecuatoriano y las posibilidades que tienen para salir del impasse.
Tomando en cuenta que la empresa Texaco, hoy Chevron, operó en las actuales provincias de Orellana y Sucumbíos, Amazonía norte del Ecuador, por el lapso de 26 años consecutivos, los asistentes consideran que por la contaminación ambiental generada de forma intencional, se afectó en primer lugar la vida, cultura, forma de vida y territorialidad de las nacionalidades indígenas: Siona, Siekopai, AIKofan, Waorani, y posteriormente a comunidades Shuar, Kichwas y colonos o campesinos.
Por los tóxicos arrojados por Chevron en el ambiente se ha afectado directamente la vida y salud de los pobladores de las provincias de Orellana y Sucumbíos, a tal punto que actualmente según varios estudios de salud pública, en las provincias de Orellana y Sucumbíos existe la mayor tasa de casos de cáncer del Ecuador, y posiblemente del mundo. Igualmente según el último estudio realizado entre la UDAPT y la Clínica Ambiental, se revela que las muertes por cáncer en las provincias de Orellana y Sucumbíos, superan largamente a otras causas de muerte.
La empresa Chevron, una vez que se encontró acorralada por la prueba que se había generado en el caso de Lago Agrio, decidió plantear el tercer arbitraje internacional en contra del Estado ecuatoriano, a quien lo acusó de habérsele negado el acceso a la justicia dentro del Ecuador, que existió interferencia en el juicio de Lago Agrio por parte del Ejecutivo y que existieron actos de soborno, también en el mismo juicio de Lago Agrio.
El arbitraje planteado por Chevron usó el contrato entre Texaco y el Estado ecuatoriano de 1995 y el acta de 1998; y la base jurídica fue el TBI entre Ecuador y Estados Unidos que entró en vigencia en 1997.
Pese a todas las pruebas presentadas por el Estado ecuatoriano, el pasado 30 de agosto del 2018, el panel de árbitros emitió un laudo arbitral en contra del Estado ecuatoriano, el mismo que se hizo público el día 7 de septiembre de 2018. En dicho laudo, los señores árbitros ordenan al Estado ecuatoriano entre otras cosas, que aplique todos los mecanismos necesarios para anular la sentencia del caso Lago Agrio. Es decir, que aplique todos los mecanismos para impedir a los actores ejecutar la sentencia del caso Aguinda Vs Chevron fuera del Ecuador.
Dichas disposiciones pretenden obligar al Estado ecuatoriano a violar su propia Constitución, su propia ley a irrespetar la independencia de las funciones del Estado. En consecuencia el laudo arbitral es inaplicable dentro del marco jurídico ecuatoriano. Aplicar el laudo arbitral, significaría violar los derechos de los pueblos indígenas y campesinos de las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Ante estos hechos, la Asamblea Ampliada de la UDAPT, junto a diversos colectivos, sociales, nacionalidades indígenas, gremios de trabajadores, mujeres, jóvenes y ciudadanía en general, resolvió:
- Rechazar el laudo arbitral, que se hizo público el pasado 7 de septiembre del 2018 en contra del Estado ecuatoriano, por violentar el principio básico de la división de poderes; por violentar los principios de derechos humanos y la naturaleza establecidos en la Constitución ecuatoriana y los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza; y por querer imponer al Ecuador el mantener la histórica violación a derechos humanos que la empresa Texaco ha generado en estas provincias y negar sus legítimos derechos a la reparación. b. Exhortar al Estado ecuatoriano a actuar con responsabilidad y respeto al marco constitucional del Ecuador, y; a respetar los derechos de los pobladores de las provincias de Orellana y Sucumbíos.
- Exigir que el Estado realice las acciones legales para lograr la nulidad del laudo arbitral y se genere un espacio de dialogo entre delegados de ésta asamblea y del Estado ecuatoriano, a fin de buscar una salida que tienda a defender los derechos de los habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos y de la Naturaleza.
- Exhortar al Estado ecuatoriano a no realizar acciones de persecución y desacreditación a los líderes, abogados y dirigentes de los afectados que han luchado por 25 años contra la petrolera Chevron.
Es evidente el daño ambiental causado por la petrolera Chevron, pero también en los últimos años por la empresa Estatal Petroecuador y sus filiales, ante lo cual quienes integran esta asamblea exhortan al Estado ecuatoriano a mejorar su política de prevención y control ambiental en la Amazonía ecuatoriana.