Conforme el gobierno de Lenín Moreno se aproxima a su segundo año de mandato, si alguien esperaba grandes cambios respecto al de su predecesor, va a sufrir una decepción. Para poder gobernar, Moreno tuvo que desmarcarse claramente del gobierno de Correa -quien lo designó como candidato– ya que los niveles nunca antes vistos de corrupción, endeudamiento y destrucción de la institucionalidad democrática del régimen del caudillo, aseguraban una debacle para el país de seguir por el mismo rumbo.
Sin embargo, el endeudamiento no ha dejado de crecer durante todo el régimen de Moreno, y todo indica que lo seguirá haciendo ya que no parece dispuesto a asumir el costo político de reducir drásticamente el gasto público ni de eliminar de raíz el subsidio a los combustibles. Cada vez se destapan más casos de corrupción, aunque todavía solo se vea la punta del iceberg -falta mucho por investigar y casos por destapar-, los procesados son todavía muy pocos, el dinero recuperado prácticamente igual a cero y muchos culpables siguen en la impunidad. Es un contrasentido para la lucha contra la corrupción el que varios correístas convencidos sigan en altos cargos del actual gobierno, incluso como ministros, y que a varios funcionarios que salieron por inoperantes o inconsecuentes se les haya premiado con embajadas u otros cargos internacionales.
Dónde se han observado mayores progresos es en la recuperación de las instituciones gracias a la consulta popular que permitió la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social provisional, formado por varios ciudadanos intachables –no todos vale aclarar-. Dicho organismo ha ido destituyendo a las cabezas de numerosas funciones e instituciones estatales que, sin el menor empacho, respondían a las órdenes de Rafael Correa y sus secuaces en el gobierno.
Por otra parte, el actual gobierno, al igual que el anterior, insiste en mantener la enorme dependencia de la economía sobre el petróleo y la minería, a pesar de los numerosos cuestionamientos, problemas ambientales y conflictos sociales que acarrea su explotación. Incluso, se han adjudicado nuevos bloques petroleros y campos mineros para su exploración y explotación.
Desesperado por la falta de ingresos a la economía, el gobierno de Moreno decidió incentivar a los grandes grupos económicos, de quienes falsamente se afirma que son los que generan más fuentes de empleo, mediante la concesión de millonarios beneficios mediante la remisión de deudas tributarias y patronales, en lugar de incrementarles los impuestos. Entre los grupos más poderosos, algunos apenas pagan 2 % de impuesto a la renta, lo cual ya sucedía desde los tiempos del anterior gobierno.
En resumen, las diferencias entre el gobierno actual y el anterior son básicamente de forma y no de fondo, y las que hay, han obedecido a la necesidad de gobernabilidad. Mientras tanto seguimos esperando verdaderos y reales cambios, esperemos algún día lleguen a ocurrir.