La “Marcha por el Agua y por la Vida”, convocada por Ecuarunari y la CONAIE puso una vez más en evidencia la preocupación y responsabilidad de las organizaciones sociales frente a las políticas estatales que atentan contra los derechos fundamentales de las personas, los pueblos y la naturaleza en nuestro país. Políticas institucionales alejadas de las necesidades de la gente y centradas únicamente en el capital, afectando gravemente el derecho a la vida, al agua, a la alimentación, a la vivienda, a un medio ambiente sano y sin contaminación, entre muchos otros derechos.
Son los movimientos sociales, no solamente indígenas sino también ambientalistas y sectores populares los que llevan a cabo los reclamos que la sociedad esperaría que hicieran los partidos políticos, colectivos gremiales y otros sectores críticos del gobierno de Moreno. Y realmente hay muchos motivos para protestar: los casos de corrupción que parecen infinitos, muchos de cuyos autores están prófugos, pero otros siguen enquistados en el actual gobierno.
Un país asolado por el narcotráfico y sus tentáculos que alcanzan incluso a un número significativo de miembros de las Fuerzas Armadas. Una justicia lenta y timorata que no logra derrotar a la impunidad ni recuperar ni un centavo de los 70 mil millones de dólares que se estima se llevaron los corruptos. Una Asamblea Nacional donde los supuestos opositores morenistas y correistas a menudo siguen votando juntos para tapar sus trafasías. El manejo inadecuado de la deuda, cuya única solución que da el gobierno es seguir incrementándola.
La enérgica actitud de los manifestantes pone énfasis en la catástrofe ecológica y humana que se cierne sobre el medio ambiente y los pueblos amazónicos. La expansión de las empresas petroleras y mineras, nacionales y trasnacionales está destruyendo los bosques nativos y su equilibrio ecológico, está contaminando las fuentes de agua y atentando conta la vida de quienes viven en esas zonas, pero además están cerrando las posibilidades de una economía equilibrada y justa para esos actores.
Los reclamantes exigen se termine con el encubrimiento de los manejos tramposos del correismo y que de una vez por todas se respete la consulta previa a los pueblos de las zonas donde se pretende seguir llevando a cabo el extractivismo salvaje y que el diálogo no se quede en ofrecimientos que luego nunca se cumplen. El gobierno, ante su falta de capacidad de innovación y de voluntad política de cambiar de modelo, sigue desesperado por ampliar la frontera extractivista y sigue desarrollando muchas otras prácticas atentatorias de derecho que no se distinguen en poco o nada de las del anterior gobierno.