Por: Diocles Zambrano, Oficina de Derecho Ambiental de Orellana
En el 2013, y una vez derogada la Iniciativa Yasuní-ITT y la apertura petrolera del bloque 43 de la Amazonía ecuatoriana, el discurso presidencial prometía la afectación a solamente el 1×1000 del Parque Nacional Yasuní, de una extensión de 1.022.000 hectáreas, lo que implicaría afectar a 1.022 hectáreas. Sin embargo, el ejecutivo solo consideraba como afectación la variable de la deforestación producida por la apertura de nuevas vías y plataformas
Según un estudio realizado por miembros de Geografía Critica, con la información proporcionada en el Estudio de Impacto Ambiental de Petroamazonas para Ishpingo Norte, la afectación directa en el Parque Nacional Yasuní dobla la cantidad de hectáreas ya en explotación, que en todo caso son insuficientes y muestran una comprensión muy limitada de las dinámicas territoriales de la Amazonia.
Según el Estudio de Impacto Ambiental para Ishpingo Norte, alrededor de las vías se establecen 60 metros de afectación por ruido. Alrededor de las plataformas se establecen 300 metros de afectación por ruido y 500 metros de afectación al aire. Así mismo, se establece la afectación directa a los ríos y quebradas que pasan o parten de las plataformas. Esta es una muestra que la explotación petrolera tiene un impacto directo a la superficie del Parque Nacional Yasuní que no se reduce únicamente a la deforestación. Las nuevas plataformas proyectadas son de 10 hectáreas cada una, que permiten un cálculo preciso del tipo de explotación generada por cada plataforma. En este informe no se incluye la afectación por sísmica.
En el marco de una queja presentada por grupos ambientalistas locales y nacional, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Orellana fijó una visita a l lugar para los días 27, 28, 29 y 30 noviembre de 2018, con el fin de verificar estas anomalías. En ella participaron miembros de la Defensoría Nacional, el delegado de la Defensoría del Pueblo de Orellana, el delegado de la Defensoría de Sucumbíos, delegados de los gobiernos locales de Orellana a nivel provincial y cantonal, delegados de los peticionarios y técnicos invitados por la Defensoría del Pueblo del Ecuador, delegación que fue previamente comunicada a la empresa PETROAMAZONAS EP.
Esta delegación fue recibida con descomedimiento por parte de funcionarios de la empresa accionada, una vez arribada al muelle de Petroamazonas fue obligada a permanecer por aproximadamente dos horas bajo un incandescente sol y en condiciones de extrema incomodidad, bajo un incandescente sol. Con el argumento de encontrarse en un sitio extremadamente frágil la delegación fue reducida a 10 personas, lo que constituye una obstrucción a la investigación defensorial y un atentado contra los más elementales derechos humanos de la delegación, acción que merece el enérgico rechazado de las autoridades involucradas.