El 10 de diciembre, “Día Internacional de los Derechos Humanos”, la “Mesa por la Verdad y la Justicia”, creada por el Consejo de la Judicatura Transitorio, presentó el informe preliminar sobre la persecución política durante el régimen de Correa. Una vez verificada las pruebas y documentación, se incluyen 247 casos, pero hay cientos más que en los meses sucesivos también podrían incluirse.
Esta persecución se enfocó en personas o colectivos que por sus opiniones o por sus acciones eran críticas con los funcionarios de gobierno, principalmente con el presidente Correa, además de quienes se oponían frontalmente a las políticas estatales en áreas como la minería, el petróleo o aquellos que denunciaron actos de corrupción. Este amplio espectro incluye a dirigentes sociales (Mery Zamora), activistas políticos (10 de Luluncoto) indígenas y colonos de zonas mineras, periodistas (Xavier Bonilla, Fernando Villavicencio, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita), activistas ambientales, policías, militares y civiles (3 del Cotopaxi, entre los cuales estuvo el mismo Paúl Ortega del 30-S), estudiantes que participaron en protestas (colegios Mejía, Central Técnico y Montúfar) y casos incluso de ciudadanos comunes y corrientes. La lista completa es mucho más larga.
Las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos incluyen, acusaciones a activistas y dirigentes de delitos no cometidos como terrorismo, sabotaje y rebelión (como el caso de indígenas de Zamora y de Saraguro); imposición de multas exorbitantes como en el caso de periodistas; allanamiento de vivienda como en el caso de Fernando Villavicencio, destrucción de tierras y ganado (caso de indígenas de zonas mineras); además de acoso laboral para lograr la pérdida de trabajo y presiones a todo nivel para que ninguna institución pública o privada vuelva a contratar a estas personas.
Un eje fundamental fue el silenciar, perseguir y desarticular el movimiento social en contubernio con la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior. Asimismo, el estado de propaganda implementado por el gobierno de Correa construyó a un enemigo principal: el opositor.
El informe, cuya versión definitiva será entregado en enero de 2019, concluye que “se creó un patrón de persecución con un Estado autoritario que buscaba impedir cualquier disidencia” y que esta persecución era sistemática y dirigida a opositores del gobierno. También afirma su carácter estructurado, donde se observa la coordinación entre distintas instancias estatales. Otra conclusión es que 495 jueces, conjueces y fiscales cedieron a la influencia y presión del poder político.
Partiendo de este informe, el Consejo de la Judicatura debería iniciar acciones administrativas contra los involucrados, no como una retaliación sino con el fin de impedir a futuro las presiones sobre los jueces, la existencia de jueces de “bolsillo” y la “metida de mano en la justicia” que caracterizaron al régimen de Correa. Estas presiones significaron una amplia y sistemática violación de numerosos derechos humanos de cientos de ecuatorianas y ecuatorianas, cuyo principal responsable, ahora prófugo, está disfrutando de su libertad fuera del país y no, como debería ser, siendo juzgado en el Ecuador.