Por: Santiago Arguello Mejía
¿Cuántas veces nos hemos hecho la pregunta sobre el relieve y la importancia de la comunicación en la vida humana? El derecho a la comunicación es una respuesta. Nace el pensamiento, se genera la opinión y tras ellos la dignidad de la palabra: de su libre expresión y difusión. No solo que es un derecho humano sustancial sino que su vigencia real está al servicio de los derechos humanos. Sin palabra no hay derechos, no hay participación social organizada, no hay derechos políticos ni ciudadanos en condición de defenderlos, que es la única forma de existencia de tales derechos.Los derechos de los pueblos nacen de una comunicación activa y están igualmente al origen de una cierta cultura, de su difusión y defensa, de reproducir esa cultura como atributo esencial de su existencia.
En esta oportunidad le he vuelto a revestir a la comunicación de su insoslayable vigencia. No queremos una dignidad pasiva, que se reconoce pero no se defiende; ni siquiera la vida, como un derecho sustantivo, nos es imprescindible sin derecho a la palabra. Es el derecho a la comunicación y los derechos políticos, en su conjunto, constituyen una condición sine qua nondel ejercicio de todos los demás derechos.
Comparto completamente la devoción por la palabra, particularmente si es una palabra poética o literaria en general: me gusta la gente hablando, me regocijo en las formas, en las diferencias, en la creatividad de cada pueblo para modelar su expresión oral o escrita. Me seduce, me dobla.Pero ese amor a las palabras solitas, por ellas mismas, siendo tan justificable, es modesto si no se acompaña de la virtud de valorarlas como expresión del espíritu, como fuente irreversible de la que brota la democracia, como gesto de identidad y de cultura… en fin hago mi propio altar de veneración al valor de la palabra de los seres humanos y de los ciudadanos. Empecemos entonces, les propongo, por un tema tan fundamentalista que es reivindicar el valor de la palabra, en términos de que debe estar atada a una cosa más grande que es el ejercicio de los derechos. En lo que sí pongo mis reservas es sobre la necesidad de ciertos códigos que deben respetarse en el modo formal de la comunicación, en lo que constituye la palabra escrita, tanto como en el debido respeto a otros seres humanos en la comunicación radial o televisiva, a quienes debemos fraternidad.
Participación social e interculturalidad
Cuando nos propusimos hacer un informe nacional sobre derechos humanos, en el colectivo que se organizó en torno a Plan País, sin decidirlo previamente derivamos en hablar de derechos políticos como punta de lanza del ejercicio de todos los demás derechos. Yo no quiero la vida si no es una vida con dignidad y no la quiero si mi vida con dignidad no se traduce en que mi palabra valga algo en la sociedad en que vivo. Desde ahora ya podemos hacer la previsión de que esta disquisición sobre la palabra tiene que ver indisociablemente con la participación social –organizada o no- que queremos en un Estado social y democrático de derecho.
Un ser humano es parte de un Estado, de un sindicato, de un club deportivo o de una logia o de una iglesia. Pero sea en lo individual o en lo colectivo va a seguir siendo indispensable una inclinación subjetiva (de voluntad) para ser “parte de algo”, creando lazos, a partir de una comunicación relacional, indefectiblemente.
Hemos empezado justo ahí en el ejercicio empoderado de nuestros derechos políticos, para que ellos no se constituyan como ha sido tradición en un apéndice, en la cola de la cometa de los derechos civiles. Para nosotros si los derechos humanos se escriben en la piel de las personas y no adquieren corporeidad, si no hay quien reclame por ellos, simplemente no existen, quedan en suspenso todos los derechos cuando no hay esta participación activa, positiva de los seres humanos comprometidos, felizmente inconformes, alternativos, proposititos y sujetos de derechos, amantes de la soberanía de los pueblos y de la democracia.
Siendo “parte de algo” mi participación como ser humano y como ciudadano, al tiempo que es dación es también un grito de identidad. Después de 36 años de guerra los indígenas guatemaltecos (pueblos maya, garífuna y xinca) propusieron en el proceso de retorno a la cordura y a la paz un acuerdo fundamental: el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Solo entonces me empecé a preguntar si esto de la identidad era obtener una cédula que me acreditara como ciudadano o constar en el registro civil, o si la identidad estaba inclusive antes de los derechos e implicaba también derecho a la palabra, a que la palabra sea escuchada y valga algo… con lo que los indígenas de Guatemala me enseñaron el concepto de interculturalidad como algo tan profundo y sensible que hacía que todos y todas nos sentemos a la misma mesa, a la misma altura y hagamos valer nuestra palabra, nuestras demandas, el ejercicio de nuestros derechos. Mejor traducida, la interculturalidad es INTERACTUAR ENTRE DIVERSOS EN CONDICIONES DE EQUIDAD.
Cuando mis hermanos indígenas shuar me enseñaron la palabra “imiarma” se completó mi reeducación en este tema. Ellos tienen prácticas de iniciación en que fuman, toman bebidas espirituosas y hacen ayuno hasta de siete días y al final sueñan el futuro para su comunidad. Con ellos hicimos el típico ejercicio del desarrollo y un hombre sin zapatos me enseñó la importancia de esta práctica. Con ellos hicimos volar la cometa del desarrollo: en el centro estaba el imiarma, pero en los lados podíamos coincidir que para ellos y para nosotros la cometa tenía cinco lados: naturaleza, cultura, equidad, crecimiento y, sin duda, casi creo que lo más importante, participación. Ser parte de algo es identidad individual y social. Cuándo a un shuar le preguntas y tú quién eres no te responde con el nombre te dice “shuarijte” porque primero está su identidad social (que para ellos es el tarymiatpara ellos y sus familias) y solo así pueden construir la identidad individual, siendo parte de la comunidad.
Si ya pusimos suficiente relieve a los derechos políticos, al valor de la palabra de los seres humanos y de los pueblos justo será demandarnos la medida en que la participación social se está articulando al proceso que hoy vivimos. Concluimos por insistir en que sin soberanía y sin reconocimiento de los derechos humanos, primero los políticos, el país no existe. Y esos derechos humanos existen necesariamente para construir nuestra felicidad, para crecer en comunidad respetándonos los unos a los otros; y, el Estado, para qué otra cosa podría existir si no es para que se cumplan nuestros derechos y los podamos gozar de manera efectiva.
En este camino los pueblos indígenas sostienen los siguientes aspectos clave que deben ser reconocidos:
Que son pueblos ancestrales sujetos de derechos;
Que para que se respete el principio de un Estado intercultural deben gozar de condiciones de equidad e interactuar con todas las personas y los pueblos que forman el país;
Que aquello infiere para empezar respeto de la diferencia, reconocimiento y garantía del derecho a la palabra y del derecho a su territorialidad;
Que la creación de consejos de igualdad comprende la defensa de los derechos ancestrales y la generación por parte del Estado de política pública étnica e intercultural;
Que el Estado que es responsable de la seguridad pública debe protegerles a ellos y no perseguirles por sus criterios, su forma de vida y los derechos que tienen como pueblos y nacionalidades indígenas;
Que tienen derecho a su propia identidad cultural y a la promoción de la igualdad en la diversidad;
Que son los más capacitados para conservar y promover los derechos de la naturaleza, la biodiversidad y su conservación y utilización sustentable;
Que tienen inclusive derechosde propiedad intelectual comunitaria y tienen capacidad de mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales;
Que a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, que son parte del Estado único e indivisible, se les debe reconocer el derecho colectivo a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales;
Que asimismo se les debe reconocer el derecho a una consulta previa, libre e informada para prospección y explotación de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y puedan afectarles ambiental o culturalmente.
Y en iguales o parecidos predicamentos se encuentran otros entes ancestrales, que conforme al artículo 56 Constitucional y corresponden a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, tanto como al pueblo afroecuatoriano, al pueblo montubio y las comunas, con reconocimiento y garantía de todos los derechos que ahí se contemplan.
No es una comunicación vacía de intencionalidad, neutral.
Recuerdo un encuentro con periodistas de un país centroamericano. Me habían invitado a dar una charla sobre “violencia y medios de comunicación” Mi sorpresa fue descubrir que daría la conferencia mientras los convidados a este encuentro almorzaban. El auditorio era fantástico pero había un barullo generalizado de una buena francachela y tuve que enfrentar la posibilidad de que nadie me pusiera la atención que el tema requería, a la salida de un conflicto armado interno. Conseguí un marcador verde y repetí un graffiti que lo había visto en la ciudad de Quito: NO QUEREMOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN… LOS QUEREMOS ENTEROS. Ahí empezó el diálogo porque la pregunta fue ¿y para qué los queremos enteros?
Lo dice Alfonso GumucioDagron “Hay que empezar a plantear una dimensión relacional y cultural de la acción comunicativa, que interviene en las transformaciones sociales”, valga decir que hará falta descubrir una visión estratégica de la comunicación al servicio de la transformación social, para llenar de sentido las relaciones humanas y, su corolario, el desarrollo.El mal peor para una sociedad no es que se cuente con medios de comunicación con diversos sesgos, puede el ciudadano inclusive servirse de este panorama cuando tiene la capacidad de separar la paja del trigo y formarse su propia opinión. El mal mayor es el silencio, la mudez interesada, ese pesado silencio que nace del entendimiento de los medios con los poderes fácticos y los gobiernos autoritarios. Cada vez que se critica a los medios de comunicación se debe pensar de dónde salen las saetas, puesto que puede ser una mirada inconforme de quienes esperan convertirlos a esos medios en serviles “andaveydile” o en escudos para proteger las ilegalidades de las clases dominantes. Fiero papel que distancia a los medios de la sociedad a la que están llamados a servir y proteger.
¿Cómo no ofrecer a los medios todo el espacio para que hagan eco de las tramas de corrupción en una sociedad determinada? Hay gente que cae plácidamente, inclusive en las prisiones del país, porque su cobertura mediática les deja en paz y pagan dos o tres años y salen forrados de dinero y prebendas. Aquí en la provincia de Esmeraldas se ha sabido siempre de las manos manchadas de gente que se ha enriquecido con proyectos de agua que nunca llegaron o una refinería que ha multiplicado su precio original más allá de diez veces; funcionarios multimillonarios que poseen sus inconmensurables bienes en este espacio, en que tanta gente sufre necesidad, y nadie los condena socialmente. Hay en cierto sentido una naturalización del delito. Callan los ciudadanos y la prensa calla con ellos. Se habla aquí de un delincuente múltiple con acusaciones de asesinato, corrupción de menores y tráfico y el “ciudadano” se pasea en libertad habiendo conocido de la justicia una “ratificación de su inocencia” Acá se calla por miedo y porque al ciudadano periodista nadie va a defender si va a ser víctima del crimen organizado.
Y en la coyuntura que hoy enfrenta el país, sabemos a ciencia cierta que los periodistas y los medios fueron acosados y perseguidos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, tanto como cualquier ciudadano que osara disentir con el gobierno. Lo confirman más de 1100 denuncias y cientos de sanciones a los medios a partir de la LOC; tanto como la confusión evidente entre medios gubernamentales y medios públicos. Y sentencia María Maula Romo, en su interesante aporte “¿Por qué reformar la Ley de Comunicación?”,los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión en todas sus formas constituyen uno de los principales barómetros a la hora de evaluar la calidez y madurez de la democracia en cualquier sociedad. (pp.113) Y concluye:
“No será suficiente con una nueva ley si ésta no se acompaña de las decisiones no legislativas que también afectan a la libre expresión en todas sus formas. Se requerirá también el desarrollo de jurisprudencia y precedentes para los casos específicos. Lo que sin duda ha avanzado mucho y seguirá siendo elemento clave, es la movilización de la sociedad civil por la defensa de la libre circulación de ideas y el pluralismo de la comunicación y la información.”
Aún hay otro concepto que nos gustaría esgrimir; existe una ligazón entre incomunicación e injusticia, con su modo privilegiado que es la impunidad. Si estamos de acuerdo en que los medios no han sido los mejores portadores de la comunicación humana, relacional y participativa; que necesariamente la injusticia es el resultado de esos silencios inapropiados de los que veníamos de hablar, finalmente esta incomunicación desacredita a los medios. En este nudo crítico ubicamos los dos extremos que se anudan en estos derechos humanos: a la justicia y a la comunicación comomedio privilegiado por el que se lleva a conocimiento del público las ilegalidades que se cometan. ¿Qué habría pasado si la prensa, si los periodistas de investigación no hubieran hecho saltar la chispa del conocimiento? Hay sarcasmo en satanizar a la prensa en general, cuando lo que en verdad se ha querido es defender desvalores, con asidero en los servicios que ciertos medios prestan al gobierno de turno, lejos de servir a la comunidad.
Volviendo al origen de todo esto podemos ratificar el interés de visualizar a la comunicación como un derecho humano fundamental, que como todos los derechos más allá de su solo reconocimiento o promoción, son sujetos de protección. De una protección de tanto relieve que nada más llegar al Art. 3 de la Constitución de Montecristi, se identifica como el primer deber del Estado:“garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”.
En todo esto se halla inserto el derecho inalienable de expresar nuestras ideas, de no ser discriminados por nuestro pensamiento y expresión, de respeto a la interculturalidad como un valor por el cual ciudadanos diversos interactúan en condiciones de equidad y respeto; un no categórico a la censura previa; tanto como la protección de la reputación que debe ser garantizada por sanciones civiles y en fin, como lo expresa la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en su parte final:
“Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión” (13)
Lo que está en juego en la reforma a la LOC
El primer gran desafío es aquel de desmarcarse de las pautas punitivas, sancionadoras establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, que dieron lugar a un trabajo institucional de la SUPERCOM que, para su actual Superintendente, Édison Toro, constituye un “diseño y ejecución lamentables”. El re diseño es para ofrecer una legislación para el acompañamiento de los medios, su mejoramiento continuo y, lograr el corolario de calidad en su programación.
Quedan hábiles eso sí todos los caminos constitucionales y legales, no necesariamente sancionadores, para restitución de derechos agredidos por el ejercicio de la comunicación social. En el proceso simplemente se disuelve la SUPERCOM y se enriquece un CONSEJO DE REGULACIÓN, DESARROLLO Y PROMOCIÓN de la Información y Comunicación (CORDICOM) como ente encargado de la política pública en la materia, en especial regulación de contenidos, monitoreo de calidad y seguimiento, investigación y estudios técnicos, autorregulación y, algo que tendrá aún que diseñar la Legislatura: su participación en asignación de frecuencias conforme la ley y la justicia.
Tanto como es sujeto de debate y decisión el rol que en el futuro jugará la Defensoría del Pueblo, debate que debe ser zanjado por el texto de la reforma, en el telón de fondo del artículo 215 de la Constitución, en su espíritu institucional de promoción y tutela de todos los derechos, incluidos los de la justicia y la comunicación, de tanto relieve para la paz pública y la democracia real.
El Superintendente Toro ha hecho igualmente una referencia muy puntual a esa capacidad de monitoreode medios que ha construido la SUPERCOM y que al parecer considera una adquisición del proceso llevado en estos años, que debería dar lugar a un prolongado debate ciudadano sobre el mejoramiento de la calidad de la información y comunicación social. A partir por ejemplo de participación social organizada, algún observatorio de monitoreo que permita encender ciertas ALERTAS, a partir de temas objetivos que provengan de la observación y análisis de los medios de comunicación se puede rentabilizar el intercambio con la ciudadanía y los procesos de articulación entre Estado y Comunidad.
Se ratifica en todos los casos el NO rotundo a la autocensura de los medios, por su adhesión al gobierno de turno, con amplio espacio para la responsabilidad ulterior, como respuesta legal a aquellos abusos que se cometieren contra el libre flujo de información y comunicación, asumiendo las consecuencias de esa palabra libre y protegida, especialmente en el ámbito civil, aunque también podría derivar en reducidos casos graves hacia la sanción penal.
Es igualmente inminente un nuevo diseño de MEDIOS PÚBLICOS. Justo por su naturaleza pública, afirma la Ministra Romo, resulta imperioso que estos medios posean una naturaleza y una composición que apunte a darles la mayor pluralidad posible. En este tema hay mucha tela que cortar, así como en el espacio que logremos en el espectro a través de MEDIOS COMUNITARIOS.
Hay que decidir sobre la idea de una verdadera plataforma para decidir con política pública la protección de la cultura y el arte nacionales. El denominado uno por uno se ha quedado corto frente a una dinámica de verdadera promoción de identidad, cultura, interculturalidad y acceso a los medios de comunicación. Otro tema que tiene un largo debate por delante.
Cerramos el círculo de este ya largo periplo, ratificando el valor de la palabra; la importancia relacional y cultural que posee la acción comunicativa; que está íntimamente vinculada al ejercicio de los derechos humanos, en el marco de la participación social en todas sus formas…y algo más que no debemos olvidar, la realización de la justicia en el telón de fondo del 169 Constitucional, que sentencia que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Lo que debería derivar en que NO haya inocentes en la cárcel y, menos aún, culpables de cuello blanco libres, todo lo que depende en buena medida de la capacidad humana de interactuar y hacer valer nuestros derechos: el arma de las palabras puede ser más potente que la palabra de las armas.