En días pasados se reveló los nombres de los nuevos jueces que formarían parte de la Corte Constitucional, esto luego de que una comisión de expertos valorara la formación profesional, la producción académica, la experiencia profesional y que evaluó además, escrita y oralmente, a más de 20 candidatos provenientes de listas enviadas por el Ejecutivo, el Legislativo y la Función de Transparencia y Control Social.
La elección de los nuevos jueces para la máxima corte encargada del control, interpretación y administración de justicia constitucional se produce luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, destituyera a los anteriores jueces constitucionales al considerar que existían irregularidades en su designación, que tenían serios conflictos de intereses, que incumplieron y fueron negligentes en sus labores y que, por si fuera poco, manejaron fondos públicos careciendo de transparencia.
Los nuevos jueces se encontrarán con un organismo que dejó de funcionar desde finales de agosto, y que dejó como preocupante legado más de 14000 causas represadas, que incluyen acciones de inconstitucionalidad y masivas y distintas garantías jurisdiccionales. Además, los nuevos jueces tienen el reto mayúsculo de alejarse de la desprestigiada imagen de una corte constitucional siempre subordinada y dependiente del poder del ejecutivo correista, espectadora pasiva que nunca le contradijo ni se opuso en más de diez años de funcionamiento, pese a flagrantes vulneraciones de derechos humanos y evidentes violaciones a la Constitución. Todo esto sumado a numerosos escándalos de corrupción.
En este escenario oscuro y hostil, los ecuatorianos seguimos a la espera de tener una auténtica corte que desarrollé los postulados de la Constitución aprobada en el año 2008, seguimos a la espera de un verdadero máximo órgano de constitucionalidad que proteja y garantice los derechos humanos, los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y que de real vida a los derechos de la naturaleza. En definitiva, luego de diez años, todavía seguimos a la espera de una justicia constitucional autónoma, independiente, transparente y profesional.
Ante los nuevos jueces nos corresponde permanecer vigilantes, exigir compromiso, calidad y transparencia en sus acciones, y sobre todo, nos corresponde hacer escuchar nuestra voz crítica ante decisiones judiciales que afecten nuestros derechos humanos y que contradigan el sentido de lo aprobado en la Constitución de en Montecristi.