Seguramente algo ha escuchado sobre la esclavitud a la que fueron sometidas las personas africanas o nuestros indígenas en siglos pasados, quizá le suenen historias como las de la obra “Huasipungo” de Jorge Icaza, o de películas recientes como “Amistad” o “12 de años esclavitud”. y usted pensará, -esas cosas son historia pasada, ya no suceden y menos en Ecuador- y la verdad es que se equivoca, la esclavitud es real, ocurre en nuestro país y les ocurre a nuestros compatriotas.
Hace pocos días la Defensoría del Pueblo, producto de las denuncias realizadas por varias personas, develaba el siguiente caso: Desde hace 56 años la Empresa Furukawa Plantaciones C.A.,se dedica a la explotación de la abacá o cáñamo de Manila, una fibra muy solicitada en el comercio internacional debido a sus múltiples usos. La empresa japonesa tiene un total de 32 haciendas que alcanzan en total 2300 hectáreas, las cuales se encuentran repartidas entre Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas.
Lo que ocurre tras las puertas de esas haciendas es una auténtica historia de terror que alcanza a más de 450 trabajadores y sus familias, en su enorme mayoría afroecuatorianos, a quienes en un régimen de casi total aislamiento, viven y trabajan en condiciones infrahumanas, habitando en campamentos desprovistos de servicios básicos como luz, agua y alcantarillado, distanciados de centros de salud o escuelas a las cuales acudir, sus viviendas son cubículos reducidos sin ventilación e iluminación, semejantes o perores que nuestros centros carcelarios.
Todos los integrantes de las familias trabajan para la empresa (niños, hombres, mujeres, ancianos), sin embargo, dicho conglomerado tan solo reconoce 148 contratos de trabajo. Los habitantes de los campamentos son considerados arrendatarios por lo cual en muchos casos casi la totalidad del salario percibido debe ser retornado a la empresa, la cual además les cobra por el uso de maquinarias antiquísimas necesarias para extraer la fibra. A lo anterior se le debe agregar que el tratamiento de dicha fibra encierra gran peligro de cortaduras, mutilaciones y discapacidades para los trabajadores, acerca de estos riesgos laborales la empresa se desentiende bajo argucias legales.
El Ministerio de Trabajo había realizado inspecciones laborales anteriormente, encontrando 31 incumplimientos a las normas de seguridad y salud, entre ellas: “falta de afiliación y contrato de trabajo, falta de pago de beneficios sociales, pagos inferiores respecto a la remuneración básica unificada, intermediación, condiciones de trabajo infrahumanas, trabajo infantil, insalubridad, riesgo laboral, falta de entrega de ropa y herramientas de trabajo, accidentes laborales, personas de la tercera edad, utilidades no reconocidas, reglamento de trabajo obsoleto y no pago de horas extras, entre otros”.
Ante lo ocurrido el gerente de dicha empresa alega desconocimiento, afirma que son exageraciones, malos entendidos e interpretaciones maliciosas. El 20 de febrero el Ministerio de Trabajo dispuso la clausura de los establecimientos y el pago de multas por una cifra de 42.880 dólares. Ante lo ocurrido, nos preguntamos: ¿Este es el único caso de esclavitud moderna en el país? ¿Cómo esto pudo pasar desapercibido a las autoridades estatales por más de cinco décadas? ¿La clausura y cierre de la empresa son suficientes para reparar medio siglo de explotación?