La seguridad social se basa en un fondo previsional, ya que debe contar con recursos para los afiliados y jubilados de años venideros y entre más recursos tenga, mejor. Por eso una parte importante de los aportes deben corresponder al Estado. En el Ecuador ese aporte equivalía al 40% del presupuesto del IESS hasta el año 2015, período de crisis económica en que Rafael Correa ordenó a la Asamblea la aprobación de una ley inconstitucional por la cual el Estado dejaba de realizar ese aporte, lo que ningún gobierno había osado hacer. De esa forma se desfinanció el fondo de pensiones en casi el 50%.
En ese mismo año, por orden del Consejo Directivo del IESS se tomaron cerca de 2900 millones de dólares para cubrir los egresos por servicios de salud privada. Esta cifra gigantesca apareció al dar cobertura a los hijos menores de 18 años y cónyuges de los afiliados, sin existir el financiamiento correspondiente. Se generó tal demanda en hospitales y centros del IESS, que el sistema no fue capaz de cubrir, transfiriéndose gran parte al sector privado (con negociados de por medio). A esto se suman malos negocios realizados con los fondos de los afiliados, como la inversión en la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, actualmente en emergencia, a más de los préstamos al Estado ecuatoriano a cambio de bonos-basura.
Más allá de las cifras falseadas y ocultas durante el correísmo y a la falta de un estudio actuarial serio y definitivo, es claro que el manejo absolutamente irresponsable, demagogo y populista de los fondos del IESS, lo han llevado a una situación crítica y que, si no se toman medidas ágiles, dejará de ser sostenible en pocos años y podría quebrar.
El presidente del Consejo Directivo del IESS, Iván Granda, ha hecho un llamado a trabajadores, afiliados y empleadores para llegar a un“acuerdo nacional” sobre el IESS. A pesar del nombre que sugiere consenso, en realidad el gobierno considera necesario el aumento de la edad de jubilación y de los aportes de los afiliados, así como el cobro por la atención los hijos menores de 18 años de los afiliados. Esto ha provocado desde ya el rechazo de la dirigencia de los trabajadores y de grupos de afiliados y jubilados.
Por otro lado, el gobierno de Moreno ya firmó un acuerdo con el FMI para lograr fondos que tendrán como resultado una serie de ajustes económicos, que como de costumbre afectarán sobre todo a los sectores populares y a la clase media. El gobierno ha tomado un rumbo neoliberal, en el que se priorizan los intereses de los grupos empresariales más poderosos, para supuestamente aumentar las inversiones y crear fuentes de trabajo. A estos sectores se los exonera graciosamente del pago del impuesto a la renta hasta por 10 años y se les reduce significativamente el impuesto de salida de divisas.
Es lógico, por lo tanto, suponer que no se aumentará el aporte patronal al IESS ni se creará impuesto adicional alguno a los grandes capitales para financiar la seguridad social. Quienes sí están en la mira para pagar los platos rotos son los trabajadores y jubilados, por lo que es indispensable movilizarse para defender los derechos de los legítimos dueños del IESS.