Imagine despertar un día con la noticia de que en el subsuelo de su barrio hay petróleo, por lo cual se deberán realizar contratos de explotación y usted deberá abandonar su hogar y mudarse a otra parte, un barrio lejano y extraño, dejando atrás la casa donde creció, el parque donde sus hijas e hijos juegan, la iglesia a la que acude, la tienda del vecino o de la caserita, los lugares que conoce, en fin, a sus vecinos y amigos de toda la vida, bajo la promesa de que algún día tal vez (y solo tal vez), podría regresar, a un barrio que nunca será igual.
Ahora imagine que todo el proceso se hizo sin su consentimiento, sin siquiera preguntarle cosas como ¿si está usted de acuerdo o no con lo que va a ocurrir? Pues esa casa donde vive o tiene su negocio, y que quizás representa el esfuerzo de varios años de duro trabajo su familia, será derrumbada ¿Si le van a indemnizar? ¿Qué ocurrirá con el título del terreno? ¿Y cómo reaccionará su familia al perder el lugar que fue su hogar por generaciones?
Pues eso es lo que ocurrió en el caso de los Waorani de Nemompare, Pastaza. Nadie les preguntó. Aunque el Gobierno sostiene que el proceso de consulta sí se realizó en 2012, la comunidad explicó que “funcionarios llegaron entonces en avioneta y obtuvieron el aval con engaños, comida y refrescos” (información de El Comercio). Por esta razón, el proceso no cumplió con los estándares internacionales de derechos humanos, pues no se trata de una mera reunión informativa, sino de que en verdad las personas afectadas comprendan el proyecto, sus afectaciones y aun así estén de acuerdo.
Desde el extractivismo se ha sostenido que se trata de una cuestión del mayor bienestar por sobre los intereses particulares, que “se hará responsablemente”, y como ya es acostumbrado, “que la explotación de x número de barriles traerá riquezas a las arcas ecuatorianas”, sin embargo se trata de una falacia, pues como ya ha ocurrido antes, los beneficiados serán pocos, entre ellos la empresa que se quede con el jugoso contrato y las multinacionales de combustibles que se llevan la parte más grande del pastel luego de procesar la materia prima; mientras que los perdedores serán los de siempre: Ecuador que no puede gozar del real beneficio del precio del crudo (que se fija internacionalmente); los Waos que perderán su hogar y forma de vida; la naturaleza que no puede alzar su voz; y finalmente todos nosotros, que habremos perdido millares de hectáreas de selva y caminaremos obedientemente hacia la extinción de la vida en el planeta.
La Corte Provincial de Pastaza, es decir la justicia mediante sentencia del 26 de febrero ha dado la razón a los Waorani, 16 comunidades de esa nacionalidad se verían beneficiadas al respetarse y garantizarse sus derechos, sin embargo, el Estado no entiende de razones, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables ya anunció que apelará el fallo, para ellos es más importante el dinero que las personas.