Ante el reciente asesinato en la cárcel de Latacunga, se ha puesto en evidencia la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario del Ecuador. Según reportan varios medios de comunicación, han ocurrido alrededor de 23 asesinatos en las cárceles del país durante los últimos 17 meses, es decir, un asesinato aproximadamente cada 22 días.
Para manejar la situación se declarará la emergencia en próximos días, según indica Ernesto Pazmiño, director de rehabilitación. Pero como suele ocurrir en casos como este las medidas se orientarán a la infraestructura y la dotación equipos de seguridad y de armas no letales a los guías penitenciarios como chalecos, gas pimienta, pistolas eléctricas, escudos y esposas, pero no a adoptar medidas estructurales de rehabilitación.
Se calcula que esto costará alrededor de 25 millones de dólares, cifra que nadie cuestiona por la gravedad de la situación, pero cuando se habla del dinero para afrontar los problemas de alimentación, agua potable, hacinamiento, falta de oportunidades de educación y trabajo, falta de servicios de salud física y psicológica, la opinión pública y las redes sociales estallan.
Si se empezara por priorizar el presupuesto para cubrir las necesidades básicas de las personas privadas de la libertad, por tomarse en serio la educación, el trabajo, los tratamientos socio-psicológicos, la provisión de agua potable, la alimentación, la salud, entre otros aspectos, quizás los índices de insatisfacción, frustración y violencia dentro de las cárceles descenderían de forma definitiva.
Solo el tiempo en verdad nos dirá si la declaratoria de emergencia y la inversión de ese dinero sirvió, o si como sospechamos va a ocurrir, será dinero botado a la basura, pues las políticas de atacar fuerza con más fuerza, o como se dice coloquialmente “fuego con fuego” solo han logrado que el bosque se queme más rápido.
¿Podemos seguir poniendo parches sobre parches?, ¿podemos seguir viviendo de emergencia en emergencia?, no será mejor pensar un nuevo sistema de “rehabilitación” y repensar también nuestro sistema penal, en los últimos 10 años en el Ecuador se ha incrementado la población carcelaria en casi un 200% y así no existe sistema que aguante.