El neoliberalismo en el Ecuador se encuentra en pleno auge, siempre lo ha estado, siguió vigente en el gobierno del ex presidente Correa con varias medidas económicas y se intensifica con el actual presidente Moreno.
Hemos además pasado de un proceso de severo endeudamiento primero con China, además comprometiendo nuestras reservas petroleras por varios años, para ahora pasar a endeudarnos de forma aún más severa con diversos organismos internacionales.
Firmamos hace pocos meses un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional, el famoso y de ingrata recordación FMI, y pese a la importancia de dicho compromiso, fue gestionado únicamente por el ejecutivo, sin pasar por el legislativo, por el control de la Corte Constitucional, es más meses después la ciudadanía sigue sin saber a ciencia cierta a qué nos hemos comprometido como país para obtener 4.209 millones de dólares, dos jueces negaron la posibilidad de conocer el contenido del acuerdo.
El Ministro de Economía y Finanzas ha publicitado el acuerdo con el FMI de la siguiente manera: “nos permite proteger el gasto social y el bienestar de las personas más vulnerables”. Pero la realidad parece ser otra, cada día escuchamos de nuevas propuestas del gobierno para “favorecer la economía” y todas implican según ellos un sacrificio necesario para los trabajadores y el ciudadano de a pie, jamás el sacrificio es para las grandes empresas y los grupos económicos dominantes.
Entre las propuestas económicas escuchamos cosas como: una modificación en la legislación laboral que implica reducción salarial, pérdida de estabilidad, reducción de derechos y horarios intensivos y extendidos con mayores cargas laborales; también escuchamos una inevitable eliminación de subsidios de la gasolina y el gas; además, la redirección del gasto, quitando importancia a lo social, lo cual deja de ser considerado una inversión, de hecho es ya una realidad los numerosos recortes en salud, educación y programas sociales; y, para oscurecer más el panorama también nos hablan de una reforma fiscal que implica una mayor carga tributaria para el ciudadano con menos recursos y por otra parte ofrece generosas concesionas a las grandes empresas, esto ya lo estamos viviendo.
Ante este escenario, es necesario preguntarnos: ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Seguiremos esperando? No es momento ya de exigir nuestros derechos, de reclamar a nuestros mandatarios y de requerir una rendición de cuentas a quienes se suponen nos representan. Aunque es triste y no debería ser así, es una realidad inobjetable que en ocasiones las calles son las mejores tribunas del pueblo para hacernos escuchar. El escuchar al pueblo es la base de la democracia.