EDITORIAL

Medalla de oro en privatizaciones

El gobierno ecuatoriano ha vuelto de lleno al modelo neoliberal, esto al considerar que la única solución para tener oxígeno económico era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cada vez siguen apareciendo más términos de ese acuerdo a pesar de que hasta ahora se ha tratado de ocultar todo lo más posible.

Una de las medidas exigidas por el FMI a cambio de los préstamos tan ansiados por el régimen consiste en “monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados o a la economía popular o solidaria”, un eufemismo o tecnicismo para disfrazar en realidad la privatización de
empresas estatales porque aunque estas permanecerían como propiedad pública, las utilidades irán a manos privadas (es muy improbable que la economía popular o solidaria logre tener alguna participación en este proceso).

Para ello el presidente Lenín Moreno firmó un decreto ejecutivo el 16 de mayo, creando el Comité Coordinador de Gestión Delegada para lograr la amplia participación del sector privado en los sectores estratégicos de la economía, sectores tradicionalmente reservados el Estado y en muchos casos constitucionalmente establecidos como de exclusividad del sector público.

Dentro del decreto se indica que pueden ser incluidos todos los sectores estratégicos, es decir energía eléctrica, hidrocarburos, telecomunicaciones, agua, vialidad, riego, saneamiento ambiental, biodiversidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria, es decir los que son manejados por el Estado central pero también los que son administrados por los gobiernos locales.

Si se lograra completar solamente la mitad de este proceso, Lenín Moreno lograría el título de campeón de las privatizaciones superando a los grandes privatizadores de la “larga noche neoliberal” como Sixto Durán, campeón reinante, Jamil Mahuad y Oswaldo Hurtado. El desmantelamiento del patrimonio de todos los ecuatorianos alcanzaría una magnitud hasta ahora desconocida y nunca antes vista.

Por lo pronto se busca concesionar por al menos de 20 años las refinerías, oleoductos, redes eléctricas y telecomunicaciones a empresas privadas que obtendrán parte de las ganancias y se harían cargo de los activos, pero no de los pasivos, es decir que si llegara a producirse pérdidas el Estado debería hacerse cargo de ellas. Negocio redondo: los inversionistas privados no perderían en ningún caso y si las concesiones se revirtieran,
los empresarios podrán demandar al estado ecuatoriano por sumas multimillonarias:
Inversión garantizada, nada de arriesgar capitales privados que sufra lo público.
Así como Rafael Correa alcanzó incuestionablemente los campeonatos en corrupción y en endeudamiento, Moreno quiere llevarse la medalla de oro en privatizaciones. Es ineludible e indispensable que todos los ecuatorianos nos movilicemos para protestar contra este enorme atentado en contra de nuestra riqueza y soberanía.