EDITORIAL

La minería “responsable”

El pasado 5 de junio numerosas personas acudieron a una audiencia pública en la Corte Constitucional, su intención fue manifestar su opinión respecto a la minería en el Ecuador, se presentaron toda clase de actores con diversas opiniones, aunque las posiciones pueden ser agrupadas en dos.

Por una parte, los representantes de los sectores mineros y del gobierno nacional expresaron su apoyo a la denominada “minería legal”. Manifestaron, según ellos, sus cuantiosas ventajas, como los recursos económicos para el país, el pago de impuestos, los numerosos empleos a crear y los más altos estándares para evitar el impacto y daño ambiental, y por si fuera poco, afirmaron que en el supuesto “poco probable” de una afectación a la naturaleza y a los habitantes de la zona, ellos se encargarían de reparar todos los daños e indemnizar a los afectados.

Por eso dicen se trata de una “minería responsable” en oposición a esa minería rudimentaria, clandestina, ilegal y delincuencial. Para esta postura, la opinión de los habitantes de la zona si bien es importante no es indispensable, pues los intereses nacionales se encuentran por encima de los locales.

De la otra parte se encuentran los representantes de comunidades, pueblos y nacionalidades, ambientalistas, y en general representantes de habitantes de las zonas afectadas, quienes denunciaron lo que una minería a gran escala podría traer el país: afectaciones irreparables a la naturaleza, al suelo, a los ríos y al aire; daños a la salud de los habitantes de la zona debido al uso de químicos, explosivos y maquinaria pesada. Por si fuera poco, afirmaron que se estaría alterando de forma irremediable el modo de vida de las poblaciones que no quieren la minería. Manifiestan que si se quiere realizar dicha actividad en sus territorios ellos deben ser informados, consultados y su opinión debe contar en realidad.

Dicen ellos, que eso de la minería cuidadosa del ambiente no hay y que es verdad que existe una minería “responsable”, pero “responsable” de afectar la naturaleza y la vida de los habitantes de la zona.

Uno puede compartir una u otra posición, pero lo que no se puede dejar de ver y palpar, por ser evidente y muy reciente, es la amarga experiencia de los ecuatorianos con la explotación de los recursos naturales. En el pasado ya se nos contó aquel cuento de la explotación responsable, legal, sin daño ambiental y con múltiples beneficios económicos para el país. Pero la verdad fue otra, los únicos beneficiados fueron los socios de las grandes empresas, mientras que los supuestos beneficios entregados al gobierno se diluyeron en diversas tramas de corrupción. Lo que si le quedó al pueblo fueron las irreversibles afectaciones a sus territorios, los ríos contaminados, los terrenos muertos y como suvenir, los desechos de estas actividades.

Ante este escenario lo mínimo que se puede exigir es que los habitantes de la zona puedan informarse sobre los proyectos mineros que les involucrarían, participar activamente, manifestar su opinión, y claro también, expresar su desacuerdo parcial o total respecto a esos proyectos. ¿Quién mejor que ellos para decidir acerca del entorno en que desarrollan sus vidas?