Por: Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM Guayaquil
Cada día se conocen casos de violencia sexual a niñas que resultan embarazadas, más del 60% son causadas por un miembro de la familia.
Forzarlas a llevar adelante un embarazo de un incesto es poner en riesgo su vida y su salud no solo física, sino también emocional. Son casos donde el grupo familiar queda muy afectado, avergonzado y sin saber dónde buscar y encontrar ayuda especializada. Generalmente se encubre al agresor a nombre de “salvar a la familia” y estas niñas no reciben la atención especializada que requieren, condenándolas a una vida de exclusión y marginación, expuestas a nuevos casos de violencia.
Si el Estado no las protege de la violencia de todo tipo, especialmente la sexual, ni oferta suficientes servicios especializados, debe darles la oportunidad de decidir sobre su vida y su futuro.
El grupo de jóvenes feministas Aborto libre Guayaquil, organizó un plantón para que la ciudadanía reflexione el impacto de la violencia sexual en la vida de estas niñas y adolescentes y exigirá a los asambleístas que legislen a favor de los derechos, no de sus prejuicios. Son niñas: no pueden, ni deben ser madres.