Por:Gloria Vinueza, PRODH
Las organizaciones integrantes del Frente Unitario de Trabajadores: Cedocut, Ceosl, Ugte, Une, Fetmyp, Fenogopre, CTE, se dirigen al pueblo ecuatoriano para pronunciarse a favor de la reforma del artículo 150 del Código Penal Integral, que despenaliza el aborto en caso de violación.
Reconocen que criminalizar el aborto es castigar el cuerpo femenino, y convertir la desigualdad biológica en desigualdad social.
La violencia sexual es una realidad cotidiana de la mujer trabajadora, así como de niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas. El embarazo no deseado -producto de esta violencia- es una pandemia que afecta a las más pobres y con especial crueldad a las niñas, que tienen que gestar y dar a luz hijos, que en muchos casos son de sus familiares biológicos.
Rechazan la judicialización de casi 300 mujeres que acudieron al sistema de salud con abortos en curso para que salven sus vidas, pero fueron denunciadas. Vivir un juicio penal es perder la libertad, muchas deben presentarse semanalmente ante el juez, lo cual afecta su derecho al trabajo y mancha su hoja de vida en la que se incluye un antecedente penal que impedirá futuras contrataciones laborales. Esto no hace más que
normalizar socialmente la violencia sexual.
Un embarazo no deseado obstaculiza el derecho al trabajo, como ciudadanos sabemos que los empresarios pueden decidir a quién contrata, y en este escenario las mujeres sufren discriminaciones profundas, pues el capitalismo rechaza y excluye a la mujer embarazada.
La relación entre violencia sexual y el derecho al trabajo tiene un punto de quiebre que es un embarazo no deseado, situación que expone a la mujer a un aborto en condiciones de riesgo y a la par atenta a su derecho a la vida y a la salud integral.
Reconocen que la violencia y riesgos que viven las mujeres que laboran en horarios nocturnos, y que se ponen en riesgo al retornar a sus hogares en los cuales también pueden ser violentadas sexualmente. Obligar a una mujer a continuar con un embarazo producto de la violencia es aberrante y atenta contra todos los derechos que defendemos desde las organizaciones sindicales.
Nuestra lucha es contra un orden social capitalista que utiliza la violencia estatal hacia las mujeres para mantenerlas en una posición subordinada; reformar el artículo 150 del Código Penal y permitir que las mujeres decidan interrumpir un embarazo producto de violación es luchar contra un mecanismo legal que ahora les impide ejercer su libertad sexual y autonomía reproductiva.