El martes 1 de octubre, el presidente Lenin Moreno informó las medidas que el
gobierno nacional tomará con el fin de cumplir con los requerimientos exigidos por el
Fondo Monetario Internacional, esto para que dicho organismo realice un nuevo
desembolso del préstamo de un total de 4 mil millones de dólares acordado con el
Ecuador.
La medida más significativa es la eliminación del subsidio de los combustibles
(gasolina y diésel). El impacto de esta medida se sentirá en los próximos meses pero sin
duda repercutirá en un aumento generalizado de precios de numerosos productos y
subida de pasajes del transporte público, afectando principalmente al bolsillo de los
pobres y de la clase media. Como paño tibio para soportar semejante garrotazo, el
gobierno dará un bono de 15 dólares a los más pobres.
El gobierno decidió no seguir la recomendación de una serie de economistas ortodoxos
que abogaban por reducir el tamaño del Estado y el gasto corriente, vía supresión de
cargos públicos, ya que durante el correato ingresaron al sector públicos unos 150 mil
funcionarios adicionales, dentro de la política clientelar de premiar a quienes
participaron en las campañas de Alianza País. Moreno indicó que no se subió el IVA
por su efecto recesivo sobre la economía pero sobre todo porque sabía que la Asamblea
no lo aprobaría.
A esto se suma la flexibilización laboral (nuevas modalidades de trabajo, contratos por
tiempo limitado) que en teoría haga más atractiva la inversión en el país – léase
regresión de derechos de los trabajadores-. Basta recordar que el gobierno de Moreno
decidió recortar más de $4000 millones de dólares del pago del impuesto a la renta a las
más grandes empresas nacionales y extranjeras que operan en el país supuestamente
para favorecer la inversión y la creación de puestos de trabajo. El resultado fue
decepcionante: no solo no aumentaron las inversiones y los puestos de trabajo, sino que
disminuyeron. En el 2018, se perdieron en más de 200 mil empleos.
Otras medidas recogen los pedidos de los empresarios como: eliminación del anticipo al
impuesto a la renta, disminución a la mitad del impuesto a la salida de divisas, la
eliminación o reducción de impuestos para maquinarias y vehículos, y un impuesto
temporal a las empresas que tengan ingresos por más de 10 millones de dólares anuales.
No es la primera vez que se toman medidas de este tipo, lo hicieron los gobiernos
neoliberales de los años 80 y 90, con efectos devastadores en la economía y la sociedad.
Una vez más, se reproduce el ciclo de saqueo económico al pueblo y las grandes
empresas nacionales y transnacionales se benefician de los negocios gracias a las
políticas gubernamentales en su provecho. Hasta el mismo Correa, con todo el cinismo
que le caracteriza, ofrece solucionar la debacle económica del gobierno indeciso y
caótico de Moreno, como si el expresidente no fuera el principal responsable.
Una vez más los sectores populares, a quienes el gobierno pide su comprensión y
paciencia, serán los grandes sacrificados por las medidas económicas, esto mientras
muchos corruptos, responsables directos de la crisis siguen prófugos, aún no han sido
juzgados y no han devuelto ni un centavo de lo que se robaron.
En este contexto, organizaciones de mujeres, estudiantes, trabajadores y pueblo en
general, en las calles y carreteras del país manifiestan su rechazo a esta forma de
gobernar a favor de los grandes capitales en desmedro de las mayorías. La respuesta del
gobierno de Moreno es la represión y, vía estado de excepción, el atropello y
desconocimiento del legítimo derecho a la protesta.
Algunas organizaciones de derechos humanos, luego de monitorear los primeros días de
la protesta social, señalan que “el estado de excepción estaría provocando, en la
práctica, la violación grave de derechos humanos a nivel nacional”.
El Ecuador actualmente vive en medio de la falta de información, la represión, el abuso
de autoridad, atentados a la libertad, así como a la integridad de la persona; vive
también en medio de limitaciones al acceso a la justicia y al debido proceso de las
personas detenidas.
La población ecuatoriana no quiere vivir en medio de la violencia, pero tampoco tolera
más la estructura de injusticia e inequidad en la que está siendo gobernada.