Un nuevo caso de esclavitud moderna en Orellana

Por: Diocles Zambrano, Oficina de Derecho Ambiental de Orellana

La Empresa Palmoriente SA. o PALMAR DEL RIO hoy operada por el consorcio, OPERACIÓN Y NEGOCIOS NEGCORPBIS fue fundada en 1978 por un grupo de accionistas de diferentes nacionalidades. La empresa desde el inicio de sus operaciones ha causado problemas en la Amazonía ecuatoriana ya que ha contaminado todos los esteros de la zona y ha deforestado más de 10.000 hectáreas de bosque húmedo tropical amazónico, perjudicando a las comunidades que se encuentran en esa área.

Al empezar, la empresa contaba con un equipo conformado por más de 5 mil personas bajo el sistema de contratista, relación que se ha ido empeorando al pasar del tiempo. Actualmente, el equipo humano de la empresa llega a más de 400 personas a quienes se les están adeudando pagos correspondientes a la seguridad social y décimos sueldos de ley, desde 2014.

NEGCORPBIS descuenta mensualmente los aportes de los empleados; sin embargo, no los cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Existen casos de personas que han trabajado 41 años en la empresa y no se han podido jubilar por falta de los aportes patronales al IESS. También hay empleados que son alimentantes de niñas y niños mediante demandas de pensión alimenticia, quienes han ido presos porque la empresa no les ha cancelado y, por lo tanto, han quedado en mora de alimentos.

La situación empeoró el 29 de octubre de 2019, todos los trabajadores decidieron declararse en medida de hecho por la deuda de más de cuatro meses de sueldo, a parte de los décimos y el pago a la seguridad social. Los representantes de PALMAR DEL RÍO y NEGCORPBIS tardaron en hacerse presentes hasta cuando los empleados cumplieron 15 días de la medida de hecho; en sus declaraciones amenazaron con meter presos a los trabajadores por paralizar sus actividades.

Desde el 29 de octubre hasta la fecha de este reporte, la situación sigue igual. No se ha llegado a ningún acuerdo, no hay mejoras, siguen impagos los sueldos y las aportaciones al IESS, lo que afecta a los trabajadores y a sus familias.