Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM Guayas
En diciembre del 2002, Paola de 15 años se suicidó, porque no podía soportar los efectos de la violencia sexual que venía sufriendo por tres años con el vicerrector de colegio.
No se dimensiona la gravedad y el impacto que la violencia sexual tiene en la vida de niñas, niños y adolescentes, en sus afectos, en su cuerpo, en sus sensaciones, su seguridad e inseguridad, la vergüenza, el horror, los temores por los que callan. Paola antes de suicidarse dijo a sus amigas que estuvo embarazada y él la forzó a hacerse un aborto en complicidad con el médico del colegio. No se le proporcionaron los auxilios urgentes y falleció.
La institución educativa no le garantizó el derecho a estudiar en un entorno sin violencia, fue cómplice de la violencia que en ocasiones empieza seduciendo, enamorando a adolescentes. El hecho se sabía, en ese colegio hubo varias denuncias; pero no se hacía nada para impedirlo.
El Estado ecuatoriano no llevó adelante el debido proceso y se vulneraron los derechos sexuales y reproductivos de Paola, por eso está enjuiciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y habrá una audiencia pública el lunes 28 de enero en San José Costa Rica.
Diecisiete años después de este hecho, el país cuenta con protocolos, procesos de sensibilización a estudiantes, capacitación a equipos del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y a docentes. La sociedad tiene mayor conocimiento de la gravedad de esta problemática, pero sigue siendo insuficiente porque gran parte de la población no accede aún a estos derechos. El problema es muy grave, es urgente aunar esfuerzos para enfrentarlo.
Para mayor información: Caso Paola Guzmán vs. Estado ecuatoriano
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