El 28 de enero en la Corte Interamericana se realizó la audiencia del Caso Paola Guzmán Albarracín en contra del Estado ecuatoriano, le contamos muy brevemente los hechos del caso para que usted entienda la importancia de lo que se está discutiendo y el rol y responsabilidad del Estado ecuatoriano en lo ocurrido.
Paola estudiaba en el colegio público “Miguel Martínez Serrano”, tenía 14 años cuando Bolívar Espín, de 65 años de edad, vicerrector del establecimiento educativo público, comenzó a abusar sexualmente de ella, los abusos fueron reiterados, incluso parecería que Paola estuvo embarazada y fue forzada a abortar de manera clandestina. Finalmente, Paola se suicidó en su colegio a los 16 años ingiriendo “diablillos”, pese a que pudo ser auxiliada por las autoridades del colegio eso no ocurrió, sería su madre quien la llevaría a emergencias de un hospital público donde agonizó luego de varias horas.
Petita Albarracín, madre de Paola lo ha intentado todo, ha acudido a distintas instancias de justicia desde el año 2002. La respuesta del Estado ha sido prácticamente nula, el abusador de Paola permaneció prófugo hasta que finalmente su pena prescribió, Bolívar Espín, nunca fue sancionado penalmente.
Luego de un auténtico viacrucis el caso de Paola y su familia ha llegado ante la Corte Interamericana, esta vez para discutir la responsabilidad del Estado por la violación de sus derechos humanos y los de su familia. El caso podría ser un precedente urgente y necesario para que en toda América hechos como los que le ocurrieron a Paola no vuelvan a repetirse y para erradicar el abuso sexual en los establecimientos educativos, un mal que aqueja al Ecuador (país con uno de los índices más altos de embarazo adolescente) y a todo el continente.
Paola y su familia fueron abandonadas constantemente por el Estado. Paola buscaba educación y encontró toda clase de abusos de las personas que debían escucharla y protegerla; Paola quería una vida feliz tenía múltiples proyectos pero encontró la muerte ante la indiferencia del Estado, el cual además fue negligente el momento de dotarle de servicios de salud para salvar su vida. La familia de Paola exigió justicia y en lo nacional nunca la obtuvo, se encontró con un laberinto jurídico lleno de excusas y burócratas irresponsables e indolentes.
Para colmo de males, en la audiencia ante la Corte Interamericana, los representantes de nuestro Estado, los que “supuestamente” nos representan a usted y a mí, los que viajaron a otro país con nuestros impuestos para supuestamente “defender” los interese del Estado ecuatoriano cumplieron un rol indolente e irresponsable. Primero, procedieron a disculparse con la familia de Paola y luego, a renglón seguido, desconociendo esas disculpas, procedieron a negarlo casi todo, a quitar el cuerpo a negar toda responsabilidad en el caso de Paola y en los miles de casos semejantes a los de Paola.
Cuándo aprenderán nuestras autoridades y cuándo aprenderemos nosotros como sociedad que el no asumir nuestras responsabilidades nos condena ineludiblemente a repetir nuestros errores y negligencias sin posibilidad de enrumbar el camino. Qué bien nos vendría asumir nuestra culpa como Estado en el caso de Paola y crear una verdadera política pública de educación sexual y medidas efectivas para evitar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes sobre todo en todo establecimiento educativo.