En este y los siguientes editoriales se tratarán varios temas de derechos humanos pendientes para los gobiernos del Ecuador con relación a la crisis del Covid-19. En esta ocasión le contaremos un poco acerca de algunas de las personas cuyo trabajo nos está sosteniendo durante la crisis del Covid-19: las y los trabajadores más empobrecidos.
Por redes sociales se ha dicho, con mucha razón, que la cuarentena en casa es un privilegio de clase, a lo que debemos agregar la palabra “urbano” junto a privilegio. Muchísimas personas, en especial campesinos y pequeños productores que trabajan el campo siguen trabajando de sol a sol para sacar sus productos, corriendo el riesgo de perderlos por los problemas de comercialización que conlleva la situación actual. En esto los gobiernos locales tienen aún mucho por hacer, por ejemplo, empezar por escuchar la propuesta de los mismos productores de habilitar espacios seguros como estadios y centros deportivos para la comercialización. También hay que recordar que muchas personas en las zonas rurales tienen nulo o mínimo acceso a centros de salud, e inclusive a algo tan básico como el agua potable (y esto desde siempre no solo en la crisis del Covid-19). Y no debemos olvidar las afectaciones al derecho a la educación de muchos niñas y niños para quienes las nuevas tecnologías de la información son algo inalcanzable.
Otro grupo de personas a quienes debemos prestar atención son las y los trabajadores urbanos más vulnerables, quienes ya venían mal desde antes de la crisis, y que no pueden darse el lujo de quedarse en casa, por ejemplo, los repartidores de domicilios, aunque podríamos mencionar a muchos otros trabajos mal pagados y con pocas garantías, es el caso de los pequeños comerciantes, guardias de seguridad, personal de limpieza, quienes recolectan basura y los repartidores de gas. Ya es hora de que la Asamblea legisle a favor de estas personas, y lo haga para romper con la explotación, la precarización y la inestabilidad con que viven.
Hay que cuestionarse cómo el Estado ecuatoriano construye ciudadanía, pues ya quedó demostrado (si es que había duda), que no puede ser desde la miope visión de la primacía de la economía, de la producción, del lucro, ni de la explotación, es decir desde el capitalismo y el neoliberalismo. Se debe pensar en cómo implementar mecanismos que permitan a las personas afrontar la vida con un mínimo de dignidad, como por ejemplo la renta básica universal o la prestación por desempleo; en fortalecer la educación y salud pública y ampliar su cobertura, en devolver al IESS lo adeudado; en fin, en recuperar el estado de bienestar. Ya es hora de pensar en serio ¿cómo le hacemos para desmercantilizar los bienes y servicios indispensables para la vida?
Queda aún una larga lista de cuestiones pendientes de derechos humanos de la crisis del Covid-19 de las que debemos hablar, pero se puede anticipar que todas estas problemáticas tienen algo en común: con un poco más de igualdad, solidaridad, honestidad y empatía se podrían abordar mejor, sin olvidarnos de la voluntad política.