La pandemia tiene impactos diferenciados en las mujeres, en su acceso a la salud, a la justicia, al trabajo y a las oportunidades en general. No homogenicen a la población, ejecuten políticas diferenciadas de acuerdo a las vulnerabilidades y condición socioeconómica de la gente.
Las vulneraciones a los derechos de las mujeres se evidencian cuando el sistema de salud insiste en denunciar a mujeres que llegan con abortos en curso. La celeridad de la fiscalía en Chimbo para acusar a una madre de entregar pastillas abortivas a su hija adolescente de 16 años se conoció públicamente el 19 de abril pasado. La denuncia fue realizada por el personal del hospital Alfredo Novoa en Guaranda. Una vez más, son los médicos que al denunciar quebrantan el secreto profesional, vulneran la privacidad y los derechos de las mujeres que llegan a emergencia solicitando que salven sus vidas por un aborto en curso.
En tiempos de crisis, las mujeres necesitamos mecanismos efectivos en contra de todas las formas de violencia, denunciar a una mujer que llega sangrando es violencia estatal y violencia gineco obstétrica. Requerimos servicios de salud que trabajen con perspectiva de género y derechos. Recordemos que el aborto es un problema de salud pública y los abortos complicados son causa de muerte materna en el Ecuador. Un aborto en curso no es un delito; los servicios de salud no son fiscalías y los médicos no son agentes de administración de justicia.
La necesidad de una salud sexual y reproductiva integral no se detiene por la pandemia. En este marco preguntamos enfáticamente al estado y en específico al Ministerio de Salud si hicieron la adquisición de Métodos Anticonceptivos para el año 2020, pues sabemos que el stock actual dura apenas hasta julio. ¿Hicieron la adquisición señor doctor Ministro de Salud?
Tenemos la certeza del aumento de la violencia en contra de la mujer en este contexto de confinamiento, las denuncias al 911 y los pedidos de auxilio se multiplican a lo largo del país.
Preguntamos, ¿Cómo se operativizan las denuncias? ¿Cómo se garantiza que el agresor no continúe en la casa de la mujer agredida?.
Las restricciones de movilidad deben contener excepciones para las niñas y mujeres víctimas de violencia en casa. Asegurar que los servicios de atención y respuesta a la violencia se consideren esenciales. Organizar y financiar refugios temporales para mujeres en riesgo. Por ello, las organizaciones de mujeres nos mantenemos vigilantes ante la aplicación de la Ley para prevenir y erradicar la violencia y de las recomendaciones de la ONU para prevenir la violencia frente a la emergencia sanitaria.
Y le recordamos a la Corte Constitucional, que el 50% de la población estamos esperando una respuesta inmediata ante la situación de las niñas y mujeres que han sido violadas y recurren a un aborto inseguro. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos en evolución, ignorar la necesidad de un aborto por violación en tiempos de emergencia, solo perpetua la violencia estatal contra niñas y mujeres. En tiempos de emergencia como la que vivimos constituye el escenario legal para que despenalicen el aborto por violación.
Instamos al Estado Ecuatoriano a reconocer que las mujeres llevamos una carga inmensa en esta pandemia. Son los trabajos de cuidado que están permitiendo sobrevivir a la poblacion en esa dimensión que nunca es valorada y que se le conoce como trabajo doméstico.
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