Por: Ximena Gudiño, PRODH
La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 no es la única tragedia que azota al Ecuador en estos momentos. También la baja en los precios del petróleo a nivel mundial impacta en la precaria economía de un país que no cuenta con reservas en su caja fiscal. En este escenario, la respuesta gubernamental es la toma de medidas desfavorables para la mayoría de la población, cuyo índice de pobreza es del 38%.
Es así como, el 30 de abril de este año, el Ministerio de Educación emite las “DIRECTRICES POR RECORTE PRESUPUESTARIO”, donde menciona que el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado una reducción del presupuesto asignado.
Los argumentos que se presentan son que “la educación superior se financia con un porcentaje de recursos de la recaudación del IVA y de la Renta, si estos disminuyen el presupuesto universitario se actualizará”. De esta manera no se toma en cuenta que la educación es un derecho, no un privilegio sujeto a la voluntad de las y los gobernantes de turno.
El sector más afectado es la educación superior, al cual se le reduce 98,5 millones de dólares. Esta reducción implica mayor cantidad de despidos de docentes, y, por tanto, menor capacidad de recibir a más estudiantes en las Universidades, y dar una educación de calidad.
Las Universidades más afectadas son las más grandes del país y las que reciben a mayor cantidad de estudiantes. Se estima que en todo el sistema de educación superior, deberán salir más de 8.000 docentes de las Universidades Públicas del país. Al reducir el presupuesto a las Universidades y por tanto la reducción de docentes, se generará dos efectos; 1) Las aulas serán de 80 a 100 alumnos, que es imposible por falta de infraestructura; y, 2) Los alumnos al no poder acceder a la Universidad Pública tendrán que ir a estudiar a las Universidades privadas con crédito público otorgado por el Estado, ¿esta es la pretensión como siempre el neoliberalismo busca?
Ni en estado de excepción se puede reducir el presupuesto a la educación, por tanto, lo que se acaba de hacer es una tentativa de violación normativa y de los derechos de los jóvenes a la educación, así como la garantía al empleo que debe hacer el Estado a las personas, especialmente a los jóvenes.
Esta lógica de atentar contra la educación, al igual que se hace contra la salud, solamente se puede entender desde la ideología neoliberal, ya que esta afectación al sistema de educación superior afectará la formación docente, la educación de calidad, y la posibilidad de oportunidades y acceso de los jóvenes a la Universidad, y por tanto a empleo.
Al puro estilo del sistema de educación chileno, se debe financiar la educación y no a las instituciones educativas, ya que se debe generar créditos a las familias para que sus hijos puedan estudiar. Es decir, a donde nos quieren llevar es a la privatización de la educación.
Esta reducción del presupuesto de la educación va en contra de la Constitución Política del Ecuador, que señala “Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”.
Desde las organizaciones sociales, exigimos al Estado ecuatoriano garantizar el derecho a la educación en los términos establecidos en la Constitución y estándares internacionales de derechos humanos. Esto implica, por lo tanto, que el presupuesto aprobado para dicho fin se mantenga.
Asimismo, advertimos que en el caso de que se generen distintas manifestaciones y protestas pacíficas por los recortes presupuestarios que impiden el goce y ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales a gran parte de la población, el Estado ecuatoriano está obligado a respetar y garantizar el derecho a la protesta pacífica, aún en tiempos de pandemia.