Por: Piedad Ortiz, PROTOS Esmeraldas
Han transcurrido 9 años desde que, en 2011, líderes preocupados por la situación ambiental de la zona norte de Esmeraldas interpusieron una acción legal para frenar la minería. En 2018, un Juez, a través de la medida cautelar Nº 08256-2011-0058, suspendía esa actividad y disponía que los municipios de Eloy Alfaro y San Lorenzo den agua segura a las zonas afectadas.
Sin embargo, los perjuicios a causa de la actividad minera siguen impidiendo que familias de las comunidades ubicadas en las orillas de 32 ríos de la zona norte, puedan hacer uso del agua de estas fuentes, afectando gravemente sus derechos a la salud y a un ambiente sano. Las familias de estas comunidades además, viven en condición de pobreza y carecen de servicios básicos, principalmente, de agua potable.
De acuerdo a una nota de diario “La Hora”, varias investigaciones, entre ellas una de la Pontificia Universidad Católica sede Esmeraldas, revelaron que los peces de los ríos afectados mutaron por la contaminación generada durante la actividad minera, que ha contaminado las fuentes con al menos seis tipos de metales pesados, entre ellos el mercurio.
Esas acciones estarían vinculadas con el tráfico de combustibles y explotación de recursos naturales, y en especial los sectores de Minas Viejas, Urbina, Los Ajos, 5 de Junio, San José de Cachaví, Timbiré y Selva Alegre. También se ha detectado actividad minera en Alto Tambo, Tobar Donoso, Ricaurte, La Ceiba, Guayabal, El Progreso, El Dorado entre otros.
Pese a la movilización y protesta de varios representantes de las comunidades, organizaciones no gubernamentales, el Vicariato Apostólico y autoridades locales, no hay freno a la actividad minera, ni control para reducir el impacto ambiental que provoca. Los derechos colectivos en estas zonas continúan siendo violentados. El clamor de la población es atención urgente, antes de que esta importante y biodiversa zona pierda los recursos naturales que aún posee.