Los siguientes nombres quizá no le suenen muy familiares a la gran mayoría de nuestros lectores. Puede ser que jamás hayan escuchado del Centro de Entrenamiento para Latinoamérica, o de la Escuela del Caribe del Ejército de los Estados Unidos, o del actual y todavía en funcionamiento Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. Pues todos estos nombres en realidad pertenecen a la misma institución, la infame Escuela de las Américas.
La Escuela de las Américas fue creada por el gobierno de Estados Unidos como centro de formación y adiestramiento en inteligencia para oficiales y tropa de los ejércitos de toda la región. Entre 1946 y 1984 funcionó en Panamá, luego se trasladó a EEUU y operó hasta el año 2000, cuando cambió su nombre a Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad.
La desclasificación de algunos manuales de la CIA con los cuales operaba, ha permitido conocer ampliamente los métodos de tortura, privación ilegal de la libertad, deportaciones irregulares, prácticas violatorias de derechos y guerra sucia que impartía como “capacitación”, así como de toda una estructura represiva bien organizada que operaba en todo el continente americano sin acatar límites constitucionales y legales, bajo la excusa del combate al comunismo y terrorismo.
Durante su funcionamiento, la Escuela de las Américas graduó a más de 60.000 militares y policías de Latinoamérica. Entre sus egresados se encuentran Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, máximo organismo de represión chileno en el gobierno de Augusto Pinochet; Vladimiro Montesinos, jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú y asesor presidencial durante el gobierno de Alberto Fujimori; Hugo Banzer, responsable de la sangrienta dictadura boliviana entre 1971 y 1978; Leopoldo Galtieri, dictador argentino entre 1981 y 1982, entre otros.
También entre estos egresados se encuentra un tal “Jarrin Román Raúl Oswaldo”, quien como cadete asistió en el año de 1969. Si le suena conocido es porque se trata del actual ministro de Defensa del Ecuador, quien expidió el Acuerdo Ministerial No.179 que reglamenta el uso progresivo de la fuerza por parte de los militares en caso de resistencia.
El acuerdo ministerial, bajo una apariencia de constitucionalidad y legalidad, hace dos cosas: Uno: volver a las Fuerzas Armadas una fuerza regular, conjuntamente con la Policía, para combatir a los manifestantes en situaciones de protesta social, esto implica que las Fuerzas Armadas dejan de lado su misión institucional de defensa de la soberanía y la integridad territorial, y pasan a ser una fuerza de choque en la seguridad interna, actividad para la cual nunca fueron formados. Dos: realiza una generosa regulación para el uso de la fuerza por parte de los militares contra civiles, lo cual podría derivar en excesivo uso de la fuerza, afectaciones a derechos e incluso en pérdida de vidas humanas.
La Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra dicha norma, por lo que en un futuro cercano veremos si es expulsada de nuestro ordenamiento como corresponde, o si permanece y es el medio perfecto para reprimir brutalmente la protesta social. Las y los ciudadanos y colectivos de la sociedad civil debemos estar alerta ante un atentado contra nuestro legítimo y constitucional derecho a la libertad de expresión, a la protesta social y la resistencia.